Santiago. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, promulgó este lunes la ley que crea el sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo, cuyos gastos asumirá gradualmente el Estado.

Esta iniciativa es conocida como Ley Ricarte Soto, en honor al periodista fallecido el año 2013 producto de un cáncer, quien propuso la idea de que Estado asumiera los altos costos que generan enfermedades en el país.

Bachelet dijo que gracias a Ricarte, quien "convocó y sensibilizó a una ciudadanía completa, nos remeció a cada uno de nosotros y activó un conjunto de organizaciones de la sociedad civil y asociaciones de pacientes, para unirse y trabajar juntos para lograr esta justa demanda".

El sistema cubrirá en 100% el costo de las prestaciones relacionadas a los diagnósticos, tratamientos, medicamentos, alimentos y dispositivos de uso médico que estén cubiertos por esta ley, beneficiando a todos los afilados a los sistemas de salud en Chile, tanto el estatal para civiles y militares y los privados.

Destacó que se trata de una ley de origen "ciudadano" y que Chile vuelve a ser "pionero" al contar con un sistema de salud que garantiza derechos fundamentales a su población.

Los ministerios de Salud y Hacienda tendrán 90 días desde hoy para dictar los reglamentos para implementar la ley a partir de octubre de este año hasta el 31 de diciembre del 2016.

Un primer decreto incluirá el aporte fiscal de US$45 millones, a los que se suman el dinero del Fondo Nacional de Salud para estas enfermedades.

Otro decreto regirá desde el 1 de enero del 2017 hasta el 31 de diciembre del mismo año y tendrá un aporte de unos US$50 millones. El tercer decreto correrá desde el 1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2019.

Bachelet explicó que, para la elaboración de los decretos, se analizarán los diagnósticos y tratamientos por una comisión, conformada por expertos y también por representantes de agrupaciones de pacientes.

"Es por ello que también se contempla la creación de una comisión ciudadana de vigilancia y control del sistema, que asesorará a los ministerios de Salud y Hacienda, y a quienes periódicamente entregarán sus recomendaciones", precisó.

Serán excluidas de la cobertura de este sistema las prestaciones cubiertas por seguros de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, el seguro automotriz obligatorio y las que son contempladas en contratos de salud previsional para enfermedades catastróficas.