Hasta el ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende, alcanzan las formalizaciones solicitadas por la Fiscalía Metropolitana Occidente, a partir de la investigación que encabeza la fiscal Solange Huerta, por las responsabilidades en las muertes y desapariciones provocadas por el tsunami que siguió al terremoto del 27 de febrero de 2010.

La entidad sorprende con la inclusión de la ex autoridad política del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet entre los considerados “en relación con la falta de alerta a la población” esa madrugada en que producto del maremoto no advertido murieron 156 personas y otras 25 desaparecieron en las costas de Chile.

La lista de los requeridos como “presuntos responsables”, que difundió la Fiscalía en un comunicado, es encabezada por Rosende y seguida por la entonces directora de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio de Interior (Onemi), Carmen Fernández.

Los otros requeridos por la justicia. Además de estos dos altos cargos, la solicitud al tribunal considera la formalización de otros cargos del Centro de Alerta Temprana de la Onemi y al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA). Estos son:

- Johaziel Jamett Paz, ex jefe del Centro de Alerta Temprana;

- Osvaldo Malfanti Torres, asesor técnico del Centro de Alerta Temprana;

- Mariano Rojas Bustos, comandante ex director del SHOA quien tomó la decisión de cancelar la alerta de tsunami.

- Andrés Enríquez Olavarría, Capitán de Corbeta, asesor técnico del director del SHOA, entregó informes técnicos para cancelar la alerta de tsunami;

- Mario Andina Medina, teniente 1º ex jefe de turno del SHOA, jefe de turno del SHOA, entregó informes técnicos para cancelar la alerta de tsunami.

- Carlos Aranda Zapata, ex jefe del Servicio de Sismolgía de la Universidad de Chile, entidad que entregó información a la Onemi.

Delitos culposos de los imputados. La Fiscalía Metropolitana Occidente apuntó que “este requerimiento se encuentra fundado en el estudio de un conjunto de antecedentes que en esta etapa procesal permiten presumir la existencia de delitos culposos”.

Indica que estos delitos se observan “en el desempeño de un grupo de personas por su participación en la toma de decisiones en los organismos técnicos mandatados para emitir y difundir la alerta de maremoto a la población”.

Cierra el comunicado señalando que esa repartición “reitera su pleno compromiso con el esclarecimiento de los hechos y el ejercicio de la persecución penal con la independencia, autonomía y responsabilidad que establece la Ley”.

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