El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, le bajó al perfil a la polémica generada luego que se diera a conocer que uno de los socios de la empresa de comunicaciones a cargo del Censo 2017 es Juan Pablo Hermosilla, abogado de la presidente Michelle Bachelet.

La licitación del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para la campaña comunicacional del Censo de este año se la adjudicó Porta S.A. por $800 millones (más de US$1.240.000), según consignó Pulso.

Conocida esta información, el titular de Economía descartó un conflicto de interés en la licitación y aseguró que el proceso se realizó de forma transparente.

Esta fue una licitación pública, donde hubo una evaluación técnica y económica de la propuesta, respecto a una empresa que está y ha operado en otros gobiernos“, aclaró.

La directora del INE, Ximena Clark, hizo un llamado a la responsabilidad de los medios de comunicación al atribuir posibles actos irregulares, además de asegurar que el proceso de licitación fue transparente.

Consultada sobre el tema, la vocera de Gobierno, Paula Narváez, desvió la respuesta y solo se refirió a la importancia de difundir el Censo, por la importancia que este tiene en las políticas públicas de Chile.