El fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, ha resuelto ir desagrupando de la investigación original las nuevas causas fruto de las declaraciones de imputados, que no se relacionan directamente con la malversación que se habría gestado en el Departamento de Finanzas.
A un mes y medio que expire el plazo de la investigación en el caso del fraude en Carabineros, que suma 128 imputados respecto de una malversación de casi 27.000 millones de pesos (US$44,1M), surgen nuevos antecedentes que podrían dar origen a otras aristas en la indagatoria.
El fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, ha resuelto ir desagrupando de la investigación original las nuevas causas fruto de las declaraciones de imputados, que no se relacionan directamente con la malversación que se habría gestado en el Departamento de Finanzas.
Así surgió por ejemplo el caso de los Gastos Reservados, la arista Dipreca o la que involucra al exgeneral director Eduardo Gordon o el miembro del Alto Mando, Jorge Serrano.
Asimismo, apareció ahora otra denuncia según indicaron fuentes de Radio Bío Bío, correspondiente a la aportada en su declaración en Fiscalía por el excoronel e imputado Claudio Venegas, quien dio cuenta de la existencia del pago de sobreprecios en contratos de comunicaciones.
El imputado detalló que son 50.000 millones de pesos (US$78,7M), aproximadamente, el monto del contrato de comunicaciones -para mantener un servicio de sistema Trunking- que administra el Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) de Carabineros.
Venegas Godoy indicó ante los investigadores que el millonario contrato “fue gestionado originalmente por el general llamado a retiro Gerardo González Theodor”, incluyendo también al general Eduardo Vera Altamirano.
Explica que “en este contrato se estableció un monopolio por parte de la empresa Inter Expo. Existe también un sobreprecio y el acuerdo está tan bien concebido que ninguna otra empresa puede competir ni ofertar hasta por lo menos el año 2022, ya que el señalado general, mantenía contacto permanente con dicha empresa”.
El indagado además explicó que “existe también un contrato de la telefonía IP con la empresa Entel, por aproximadamente 8 mil millones de pesos anuales”.
“Este contrato fue gestionado por el general González en su oportunidad, contrato se encuentra vencido y -aún así- Carabineros sigue cancelando todos los meses las cuota establecida”, añadió.
Asegura en el Ministerio Público que “también se encuentra la adquisición del sistema Cad (Central de Comunicaciones, Cenco) donde se pagó la suma de 14 mil millones de pesos. Fue gestionado por el coronel Juan Antonio Muñoz, jefe del TIC en 2014. Ahí el coronel me pidió sutilmente que debería adjudicarle a la compañía Claro. En este contexto existe un sobreprecio respecto del sistema Upgrade, del cual mejoró el sistema”.
Siguiendo en esa línea, agrega que “con respecto al parte digital, donde se pagó un sobreprecio, este contrato contemplaba el arriendo de unos scanner. Este scanner cuesta 50.000 pesos en el mercado y por el arriendo de este scanner pagará la suma de 750.000 pesos al final del contrato”.
Estos antecedentes no son los primeros que se conocen en hechos de este tipo, ya que existe una investigación por el pago de sobreprecios -por más de 1.600 millones de pesos- por la compra de 295 generadores eléctricos por parte del TIC a la importadora Mellafe y Salas.
