El 15 de junio, Sebastián Piñera, presidente de Chile, envió una nota diplomática a la secretaría general de la OEA para bloquear el primer paso concreto de Bolivia para demandar a Chile ante la Corte de La Haya a fin de obtener una salida soberana al mar.

El texto chileno, publicado en el sitio en internet del Departamento de Cooperación Jurídica de la OEA —donde los países del continente notifican su adhesión a los distintos tratados regionales—, rechaza la entrada en vigencia para Chile y Bolivia del Pacto de Bogotá, que obligaría a La Moneda a hacer frente a una eventual demanda paceña, anunciada por el presidente Evo Morales.

El documento era, a su vez, una respuesta a una nota diplomática enviada a esa misma instancia por el gobierno de Morales seis días antes. En ella, La Paz ratificaba de manera formal su adhesión al Pacto de Bogotá de 1948, que "obliga" a los estados a resolver de manera pacífica sus controversias, y mencionaba como alternativa La Haya.

Al ratificar dicho tratado, La Paz cumplía un primer requisito para un eventual libelo. La vigencia de ese instrumento fue mencionada por Perú en su demanda contra Chile en La Haya para cambiar el límite marítimo. El hecho de que Santiago también hubiese ratificado el mencionado Pacto de Bogotá le impedía desconocer la jurisdicción de la Corte.

Sin embargo, en el texto enviado en junio a la OEA, Bolivia agregó una "reserva": adhería al Pacto de Bogotá, pero no a su artículo VI, que dice que éste no podrá aplicarse a asuntos que ya han sido resueltos, por ejemplo, a través de "acuerdos o tratados".

Este punto constituye un obstáculo para La Paz, pues los límites con Chile ya fueron definidos por el Tratado de 1904.

Para hacer "reserva" de dicho artículo, el gobierno de Morales planteó que los procedimientos pacíficos —como demandar ante La Haya—, "también pueden aplicarse a las controversias emergentes de asuntos resueltos por arreglo de las partes, cuando dicho arreglo afecta intereses vitales de un Estado". Como sería, según Bolivia, el derecho de tener una salida soberana al mar.

La presentación de este documento encendió inmediatamente las alarmas en Santiago. Tras extensos análisis jurídicos, Piñera envió una nota diplomática con una "objeción a la reserva" formulada por Bolivia al momento de ratificar el Pacto de Bogotá.

Así, no sólo se deja constancia del rechazo a la gestión paceña de reconocer sólo una parte del tratado, sino que también agrega que, "de conformidad con los principios del derecho internacional, la presente objeción impide la entrada en vigor" del Pacto de Bogotá entre Chile y Bolivia.

Antes de que La Paz inicie la demanda, Chile alegaría que no existe ningún tratado que obligue a reconocer ni la eventual demanda ni la potestad de la Corte.