Santiago. Un juez chileno decidió este viernes iniciar un proceso contra siete militares retirados por su participación en un caso en que dos jóvenes fueron quemados vivos tras una protesta de la resistencia a la dictadura de Augusto Pinochet en la década de 1980.

La decisión del magistrado Mario Carroza ocurrió luego de interrogar a los antiguos oficiales y suboficiales del Ejército, quienes fueron identificados como autores del crimen en un reciente cambio en la declaración de un ex recluta, que fue parte de la patrulla que detuvo a los jóvenes el 2 de julio de 1986.

"Hay antecedentes, datos que permiten procesarlos por homicidio calificado", dijo el juez a periodistas. "Seis de los imputados serán procesados como autores y uno como cómplice", agregó.

El ministro dictó los procesamientos en calidad de autores por el homicidio calificado de Rodrigo Rojas de Negri y el homicidio calificado frustrado de Carmen Gloria Quintana contra seis ex uniformados, y en calidad de cómplice de estos al chofer del camión que trasladaba a parte de ellos.

El ex recluta Guzmán habría roto un acuerdo entre militares para encubrir a violadores de derechos humanos durante el régimen de Pinochet, en el que más de 3.000 personas murieron o desaparecieron a manos de agentes de la dictadura.

Los siete ex militares permanecen detenidos en un batallón de la policía militar del Ejército en Santiago.

El ex conscripto Fernando Guzmán declaró que una patrulla de militares detuvo a Rojas y Quintana, a los que luego rociaron con gasolina, les prendieron fuego y los lanzaron a una zanja en un suburbio de la capital.

Rojas, de 19 años y que residía en Estados Unidos, falleció a los pocos días por la gravedad de las quemaduras, mientras que Quintana, por entonces de 18 años, logró recuperarse después de un largo proceso de rehabilitación.

"La justicia nos ha sido negada, pero nunca he perdido la confianza de que haya jueces decentes", dijo a periodistas tras la noticia la madre del joven asesinado, Verónica de Negri. "Este pacto de silencio tiene que terminar", agregó.

El ex recluta Guzmán habría roto un acuerdo entre militares para encubrir a violadores de derechos humanos durante el régimen de Pinochet, en el que más de 3.000 personas murieron o desaparecieron a manos de agentes de la dictadura, mientras otras 28.000 fueron torturadas.