Santiago de Chile. El ambicioso programa de reformas con el que Michelle Bachelet volvió a la presidencia de Chile en marzo de este año atraviesa por serias dificultades debido a la desaceleración económica, la división del oficialismo y la oposición empresarial.

El 15 de diciembre de 2013 Bachelet logró una aplastante victoria (62% frente al 37% de la candidata derechista Eevelyn Matthei) y se convirtió en el primer gobernante chileno elegido democráticamente en dos ocasiones.

Bachelet regresó a La Moneda con la promesa de poner en marcha cambios estructurales que acabasen con la desigualdad y la exclusión social en un país donde la salud, la educación y las pensiones están pasando en manos del sector privado y los ciudadanos están cansados de vivir con una débil protección del Estado.

La reforma fiscal, el cambio de modelo educativo y una nueva Constitución fueron los pilares de su programa electoral. Su contundente triunfo electoral y su indiscutible liderazgo en la Nueva Mayoría, las herramientas para implementarlo.

Por primera vez desde el retorno de la democracia, en 1990, Chile tenía un gobierno con la mayoría necesaria en el Congreso para sacar adelante proyectos legislativos sin necesidad de la oposición.

Si a la presidenta le va mal en los sondeos, a la oposición le va aún peor. La gran mayoría de los chilenos considera que la derecha está bloqueando unas reformas que considera indispensables -aunque mal ejecutadas- y le censura la falta de propuestas alternativas.

Pero este año la economía chilena, que venía creciendo a un ritmo vigoroso, ha sufrido una severa ralentización.

Al entorno macroeconómico desafiante, la caída de los precios del cobre y el fin de los proyectos de inversión en la gran minería se suman los problemas entre el gobierno y la patronal -que teme los efectos de una reforma tributaria que incrementa la presión fiscal sobre el sector privado- y las dificultades para sacar adelante la compleja reforma educativa, uno de los pilares básicos del programa de gobierno.

Al igual que otros países de la región, Chile ha visto como este 2014 se enfría la actividad económica a causa de la caída del precio de las materias primas que exporta, con la consiguiente reducción en los ingresos fiscales, que en el caso del cobre representan un 20% del total.

Para este año se estima que el PIB se expanda apenas un 1,8%, muy por debajo del 5,4% que creció en promedio durante los últimos cuatro años. Es por ello que el gobierno ha dispuesto para 2015 un presupuesto público fuertemente expansivo.

Para responder a las demandas de la emergente clase media chilena, en su primer año de gobierno Bachelet ha impulsado una amplia batería de reformas. Necesarias y oportunas, según el oficialismo. Excesivas y desestabilizadores, a juicio de la oposición y los empresarios.

Los cambios que proyecta el Ejecutivo (66 proyectos en los primeros siete meses) comprenden desde las reformas tributaria, educativa y constitucional hasta la transformación del modelo sanitario, las pensiones, los bancos, la matriz energética, el sistema electoral, la financiación de los partidos, el matrimonio, el aborto o la ley antiterrorista.

Entre las iniciativas en materia económica destacan las inversiones en el sector energético por valor de US$650 millones, un plan de infraestructuras a siete años basado en una alianza público privada que alcanza los US$28.000 millones y la indicación a sus ministros de apurar al máximo la ejecución presupuestaria del ejercicio 2014.

Además, por primera vez en doce años, Chile ha salido a los mercados internacionales de deuda a buscar recursos frescos mediante la emisión de dos bonos soberanos por un monto global de US$2.044 millones con los que compensar la disminución en la recaudación fiscal y poner en marcha medidas contracíclicas, como ya hizo en la crisis de 2009.

A los problemas de la economía, el impacto de la reforma fiscal y la polémica reforma educativa hay que sumar los encontronazos en el seno de la Nueva Mayoría entre los democristianos y el ala izquierda de la coalición oficialista.

El resultado es una fuerte caída en las encuestas de la popularidad de la presidenta, que actualmente ronda el 38% de aprobación.

Bachelet rechaza que el lento caminar de la economía se deba a las reformas estructurales y sostiene que la ralentización obedece -en buena medida- a factores exógenos que afectan a toda América Latina y el resto de las economías emergentes

Pero si a la presidenta le va mal en los sondeos, a la oposición le va aún peor. La gran mayoría de los chilenos considera que la derecha está bloqueando unas reformas que considera indispensables -aunque mal ejecutadas- y le censura la falta de propuestas alternativas.

Los partidos conservadores se debaten entre las dispersión y el inmovilismo. Mientras que la Unión Demócrata Independiente se mantiene fiel a los postulados políticos del pinochetismo, Renovación Nacional -más moderada- se desangra poco a poco con la escisión de sectores que persiguen la formación de una gran fuerza política de centro.

Oposición, empresarios y un creciente sector de la ciudadanía se muestran disconformes con el desempeño del gobierno. Incluso la propia presidenta Bachelet ha llegado a decir públicamente que los ministros deben trabajar más.

Es por ello que muchos analistas dan por hecho un inminente ajuste en el gabinete con el objetivo de impulsar la agenda reformista y superar las tensiones internas en una coalición tan amplia en lo social como heterogénea en lo político.