La ministra de Defensa, Cecilia Chacón, y el viceministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Alurralde, confirmaron la información en La Paz. El Gobierno, a través de la Cancillería, intercambió información con Santiago, respecto al trabajo que llevaban adelante los uniformados que pertenecen al Comando Conjunto Andino, repartición que apoya en la lucha contra el contrabando.

El viernes 17, a las 2.00, los militares bolivianos fueron detenidos por carabineros chilenos en Colchane, a la altura de Huayllas cerca del salar de Coipasa. Según la información oficial, estaban en dos vehículos con placa chilena que habían sido confiscados el 11 y 12 de junio. Sin embargo, el sábado los dueños de los vehículos denunciaron en Chile que los soldados les arrebataron sus carros amenazándolos con armas de fuego. Por ese motivo, la Fiscalía de Tarapacá pretendía imputar a los uniformados por el delito de robo con intimidación (asalto).

Caso. “La audiencia (judicial en Chile) acaba de concluir, el juez ha determinado la liberación de los 14 militares bolivianos, en virtud de que no se ha podido comprobar la denuncia que han presentado ciudadanos bolivianos, con nacionalidad chilena, que los habrían acusado de haber robado los vehículos en los cuales se encontraban”, afirmó ayer la ministra Chacón.

Uno de los dos denunciantes en Chile era el cabecilla de un grupo de motorizados ilegales que eran internados a Bolivia, afirmó a su turno el viceministro Alurralde. “Es increíble el contrabando. Acaba denunciando a los que, el marco de la Ley 133, habían decomisado un vehículo ilegal”, dijo.

Una fuente ligada al Ministerio de Defensa afirmó a este diario que cerca de la media tarde de ayer los 14 militares bolivianos llegaron a Oruro y se incorporaron a su regimiento. Indicó que consideraron que no era necesario trasladarlos a La Paz.

Armas. La misma fuente informó que las cinco armas que les fueron confiscadas a los militares —dos pistolas marca Norinko, calibre 9 milímetros, otra pistola calibre 9 milímetros y dos fusiles Galil de 5,56 milímetros— quedaron en poder de las autoridades chilenas.

La devolución de esas armas será demandada por Bolivia vía diplomática, a través de la Cancillería, agregó la fuente del Ministerio de Defensa. En este caso se dio prioridad a la parte “humanitaria”, para lograr que los 14 militares retornen al país y se incorporen a su unidad, añadió.

Al referirse a este caso, Alurralde afirmó “es un pequeño incidente aislado. Con esto, estamos cerrando este capítulo. Nuestras relaciones con Chile no se han deteriorado, tal vez hemos conversado más que nunca, tal vez estábamos distanciados por otros temas, pero ahora hemos tenido una comunicación fluida”.

El Viceministro de Relaciones Exteriores indicó que se explicó a las autoridades de Santiago que los militares bolivianos ingresaron a su territorio en un vértice, en su intención de llegar a la localidad de Pisiga con los vehículos indocumentados decomisados. En su exposición añadió que la otra vía alterna estaba intransitable. “Nuestros efectivos habrían ingresado a territorio chileno, ya se han ofrecido las disculpas del caso”, dijo Chacón.

Acusación a 2 personas

Juicio
“Lo que vamos a hacer es una denuncia a través de nuestro consulado contra estos (dos) ciudadanos que de manera inescrupulosa han presentado denuncias falsas contra nuestros efectivos e institución, afectando nuestra imagen a nivel nacional e internacional”, dijo la ministra Chacón.

En Santiago dicen que expulsaron a los soldados
AFP - Santiago. Un tribunal chileno resolvió ayer expulsar a 14 militares bolivianos detenidos el viernes por ingreso ilegal a Chile y porte de armas cuando patrullaban la frontera en tareas de lucha contra el contrabando de vehículos.
“La policía de investigaciones está disponiendo del carro a fin de trasladarlos a Iquique, donde serán chequeados médicamente e inmediatamente serán trasladados a la frontera en el complejo fronterizo de Colchane”, señaló a medios locales Espártago Ferrari, gobernador del Tamarugal, región donde ocurrió el incidente.

Hardy Torres, el fiscal de Pozo Almonte —donde declararon los 14 detenidos— explicó que se determinó la expulsión y la incautación de las armas que portaban los acusados, y que no se pudieron probar las denuncias por robo realizadas contra ellos. “Las víctimas no pudieron reconocer a ninguno de ellos como los autores del delito de robo con intimidación que habían denunciado”, dijo.

Los militares fueron detenidos la madrugada del viernes cuando circulaban por el área del salar de Coipasa (2.000 km de Santiago) en dos furgonetas con matrículas chilenas presuntamente robadas. Al no poder identificar a los detenidos como presuntos autores del robo, la fiscalía propuso la suspensión de la investigación por este delito, y mantuvo la acusación de entrada ilegal y porte de armas.