Santiago. En el caso del asesinato del conocido cantautor chileno, Víctor Jara, que se registró días después del Golpe de Estado de 1973, el programa de DD.HH. dependiente del ministerio del Interior se desistió de apelar para obtener la detención varios militares relacionados con el homicidio.

La decisión fue adoptada por la jefa del organismo, Rossy Lama y recomendada por el actual patrocinante y jefe jurídico de la entidad gubernamental, Francisco Ugas.

Según informó el diario electrónico El Mostrador, la resolución llamó la atención a los ministros de la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones.

En el proceso, el Programa de DD.HH. actúa como querellante y en esa condición busca ejercer todos los recursos procesales que le da la legislación.

Francisco Ugas explicó que la decisión de no apelar se basó en que la diligencia solicitada por el ex abogado querellante por el Programa de DD.HH., Cristián Cruz, “no era procedente” en el estado actual de la causa.

Señaló que “analicé la causa, pero no estuve de acuerdo en que se librara una orden de detención en contra de cuatro personas, que si bien es cierto están inculpadas, no están procesadas por el ministro instructor, toda vez que el escrito no pasó por mi revisión antes de ser presentado”.

A su juicio “la causa hay que trabajarla más, avanzar en el sumario. Y está avanzando, pero quien decide procesar o detener es el magistrado siempre y cuando se forme la convicción de que existen antecedentes suficientes para encausar. Y como máxima, aquí se buscará verdad y justicia, pero aplicando correctamente el derecho, por lo que solicitaré las diligencias pertinentes para asegurar el éxito de la investigación”.

En el caso, el único procesado por el juez es el ex conscripto José Paredes Vásquez, en calidad de presunto autor del homicidio del folclorista Se le otorgó la libertad luego de 48 días de reclusión.