El magistrado del 7° Juzgado de Garantía de la capital, Ponciano Sallés, rechazó este jueves en la tarde el sobreseimiento del ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende, y de la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, en el caso Tsunami.

Este jueves en la mañana, el juez había resuelto lo mismo con respecto a los ex jefes de Alerta Temprana de la Onemi, Johaziel Jamett, y de Oceanografía del SHOA, Andrés Enríquez. De esta forma, el magistrado rechazó todas las solicitudes de sobreseimiento realizadas por las defensas.

El juez afirmó que Rosende y Fernández debieron haber decretado la alerta de tsunami en el momento mismo en que llegaron a la Onemi, porque había antecedentes suficientes para ello, a pesar de que el SHOA había descartado la posibilidad de un maremoto.

Acerca de Rosende, el juez afirmó que si bien el sismo ocasionó información confusa y contradictoria, la magnitud era suficiente para activar el plan de protección civil y suponer un tsunami. Sin embargo, añadió, Rosende trató de llamar a la calma al descartar el maremoto.

En cuanto a Fernández, el magistrado dijo que tenía tantas facultades como Rosende para decretar la alerta de tsunami, pero no lo hizo, por lo cual su desempeño no se ajustó a reglamento. "Mandos técnicos proponen y mandos políticos disponen”, señaló el juez.

La máxima crítica del magistrado Sallés a ambos imputados fue que actuaron de manera improvisada y que sintieron “miedo de tomar una posición que tuviera consecuencias políticas". Reiteró que si hubiesen tomado la decisión de evacuar habrían salvado muchas vidas.

El juez sostuvo que “da la sensación de que ellos sabían durante la madrugada que se tomó la decisión de equivocada, pero prefirieron mantenerse firmes por temor a consecuencias políticas de revertir la decisión”.

Acogió ampliación de querella contra Bachelet. Asimismo, el magistrado acogió la ampliación de querella solicitada por el abogado Raúl Meza en contra de la ex presidenta Michelle Bachelet y ofició a la fiscal a cargo del caso, Solange Huerta, para que se pronuncie al respecto en las próximas horas.

La idea del abogado Meza, representante de los familiares de las víctimas del tsunami en Constitución, es que la fiscal Huerta formalice a la ex mandataria al igual que al resto de los 7 imputados por el maremoto que dejó 156 muertos y 25 desaparecidos en la madrugada del 27/F.

La fiscal Huerta deberá resolver si cambia el estatus de la ex presidenta en este caso en el cual ha declarado dos veces como testigo. Si decide formalizarla, deberá solicitar una audiencia para dicho efecto e imputarle los mismos cargos que al resto, esto es, cuasidelito de homicidio.

Según la fiscal, aunque la ex presidenta estuvo presente en la Onemi en la madrugada del terremoto y tsunami, no tenía ninguna responsabilidad administrativa, de acuerdo al organigrama del Comité Operativo de Emergencias (COE), cuya máxima autoridad es el ministro del Interior.

* Vea además en Nación.cl: Caso Tsunami: Rechazan sobreseimientos de Jamett y Enríquez