Los abogados chilenos expusieron nuevamente ante los jueces de la Corte Internacional de La Haya esta mañana, en medio del litigio por la demanda marítima boliviana. Al igual que ayer jueves, los juristas que representan los intereses nacionales dispusieron de tres horas para argumentar y tratar de establecer que no habría obligación de negociar con Bolivia.

Sam Wordsworth, nuevamente incluyó un intercambio de notas diplomáticas en 1950, asegurando que Chile nunca aceptó a través de ellas un compromiso vinculante de negociación.

El inglés recalcó que el tono de las conversaciones eran “amables”, que descartan un incumplimiento histórico y buscaron respetar el Tratado de 1904.

El abogado continuó con documentos de 1962, año en que, según él, tampoco se estableció alguna determinación jurídica, pero sí se reconocía el problema boliviano, refutando lo señalado por Antonio Remiro Brotons, quien afirmó que Chile dio la espalda a la petición.

El estadounidense Harold Koh, encargado de cerrar la intervención chilena, retomó el Acuerdo de Charaña, concluyendo que hubo un fracaso en las negociaciones y nunca se retomaron. Explicó que entre ambos países ha primado la diplomacia, pero que no se ha llegado a algún acuerdo que implique una obligación.

Wordsworth aseguró que nunca se ha negado a escuchar las demandas altiplánicas, sin embargo, sostuvo que no implica una obligatoriedad.

Acuerdo de Charaña. El expositor llegó a 1975, cuando los dictadores Augusto Pinochet y Hugo Banzer firmaron documentos para negociar soberanía marítima. Sin embargo, Wordsworth advirtió sobre el contexto y las intenciones que tenían ambos regentes en la época.

En esa línea, reveló que no hay antecedentes que indiquen que estos documentos fueron analizados en ambos países como un tratado. “No hay acuerdo explícito o implícito sobre un posible acuerdo entre los jefes de Estado de ambas naciones”, manifestó, añadiendo que las negociaciones no prosperaron porque Bolivia no estaba dispuesta a una compensación.

En esta instancia Perú también tuvo una intervención, puesto que por un tratado con Chile, debe ser consultado por cualquier negociación que abarque la zona de Arica.

En 1977, Banzer reafirmó que se había negociado en base a un intercambio territorial y en 1978 suspendió las relaciones diplomáticas. Por ello, la defensa chilena argumentó que la negociación caducó, porque ya no hay objeto.

Resoluciones internacionales. Mónica Pinto abordó la arista de las resoluciones internacionales con respecto a problemas entre países vecinos. Por ejemplo, aseguró que la OEA llama a las partes al diálogo, pero que no implica una obligación jurídica. No es vinculante, ya que se trata de un asunto bilateral.

“Las resoluciones de la OEA citadas por Bolivia en sus alegatos no hablan de intervenir las soberanías de los estados”, aclaró Pinto, añadiendo que “ninguna resolución obliga a Chile a negociar”.

La jurista añadió que la última resolución de la OEA, que data de 1989, estableció que no hay litigios pendientes sobre un acceso. “No se creó ninguna obligación de negociar con las resoluciones de la OEA ni con la actitud de Chile”, concluyó.

Evidencias posteriores a 1987. Ben Juratowitch, abogado australiano, examinó los antecedentes posteriores a 1987, partiendo por la correspondencia entre los países. Así, señaló que Bolivia reconoció que Chile no negociaría una entrega de territorio. “En ninguna reivindicación aludió al quebrantamiento de compromisos por parte de Chile”, enfatizó.

El representante nacional aseguró que Bolivia no volvió a pedir negociaciones o a manifestar su intención de obtener soberanía en la costa chilena hasta 2011, tras la demanda peruana ante el mismo tribunal.

De ese modo, descartó que la Agenda de los 13 Puntos, acordada entre Evo Morales y Michelle Bachelet en 2006, haya incluido generar una obligación, sino que era sólo diplomacia. Indicó que el tono boliviano de las últimos años nunca han sido de imposición, sino que apuntan a avanzar.

“Chile dijo que estaba dispuesto a conversar con Bolivia, pero siempre y cuando no se hablara de un acceso soberano al mar”, advirtió.

Pese a lo anterior, Juratowitch explicó que la disposición boliviana cambió en 2011, decidiendo actuar de acuerdo a la Constitución del año 2009, cuando se consagró la reivindicación marítima.

Por consiguiente, argumentó, se exigió al Ejecutivo revisar tratados y hacer todo lo necesario para buscar una solución. Eso llevó a tratar de desconocer el Tratado de 1904, que fijó los límites entre ambos.

Manifestó que Bolivia no pide un reinicio en las conversaciones, sino que un cambio de “tecnicismo” en el diálogo. Detalló que por su Carta Magna, Bolivia no puede aceptar nada menos que transferencia de territorio, mientras que Chile ha manifestado en varias veces que no lo hará.

Diplomacia no genera obligación. El estadounidense Harold Koh, encargado de cerrar la intervención chilena, retomó el Acuerdo de Charaña, concluyendo que hubo un fracaso en las negociaciones y nunca se retomaron. Explicó que entre ambos países ha primado la diplomacia, pero que no se ha llegado a algún acuerdo que implique una obligación.

En ese orden de ideas, expuso que Chile ha sido un buen vecino, mencionando los beneficios para acceder a los puertos que tiene Bolivia.

Koh responsabilizó a la parte demandante de estar en esta instancia y no en una mesa de negociación. Acusó a Bolivia de dejar a Chile como un mal vecino y como el culpable de una historia sangrienta ante la Corte.

A modo de conclusión, aseguró que Bolivia quiere instaurar derecho mediante la política. “El mundo no es tan sencillo, entre las dos elecciones posibles por Bolivia -marcharse o estar atado-, existe el extenso campo llamado diplomacia”, declaró.

“Todo diplomático sabe que en una negociación seria no hay nada acordado hasta que esté acordado todo. El hablar no genera obligación”, sentenció, pidiendo que se desestime la petición demandante.