El tradicional mensaje presidencial del 21 de mayo, en Chile (cuando el primer mandatario realiza ante el Congreso su cuenta anual), se vio oscurecido por protestas inusuales. En las dos últimas semanas inéditas movilizaciones ciudadanas, convocadas a través de las redes sociales, rechazan la construcción de las represas en HidroAysén. Casi simultáneamente, estudiantes universitarios salen a las calles, enarbolando consignas a favor de la educación pública, contra el lucro y la mala calidad de la enseñanza. El discurso anual del presidente, en apoyo a HidroAysén y sus propuestas conservadoras para mejorar la educación, no han atenuado los ánimos. Se anuncian tiempos turbulentos.
Estas movilizaciones tienen gran parecido a aquellas que impulsan “los indignados” del M-15, instalados en la Puerta del Sol de Madrid, y que se han extendido a varias ciudades de España. Tanto en España como en Chile, los ciudadanos en lucha están desafiando no sólo al gobierno, sino a toda la clase política. Cuestionan la incapacidad de ésta para responder a sus demandas y también se revelan frente a un sistema económico que, al poner el acento en el crecimiento, ha dejado de lado los equilibrios sociales y medioambientales.
A pesar que la economía chilena crece y genera empleo, una gran mayoría de la población no recibe sus frutos y más bien se siente perjudicada. En efecto, el estilo de crecimiento en curso instala una energía contaminante, destruye la naturaleza, afecta la salud de los niños, desplaza a las poblaciones aborígenes y además ofrece empleos precarios. Por eso están indignados los medioambientalistas, los mapuches y los trabajadores.
Al mismo tiempo, el crecimiento concentra el ingreso en unos pocos grupos económicos, a los que el Estado les ha permitido ampliar su esfera de negocios a escuelas y universidades. Por eso están indignados los estudiantes. El Estado, capturado por el poder económico, implementa políticas educacionales y medioambientales que no responden a los intereses de la sociedad sino que refuerzan la lógica de lucro empresarial.
Convocantes y movilizados no son miembros de los partidos opositores al actual gobierno, sino simples ciudadanos y estudiantes que rechazan el actual estado de cosas. Los “indignados” están en desacuerdo con el gobierno actual y también con los anteriores. No se sienten representados en el sistema político; quieren representarse directamente. Los movilizados son principalmente aquellos que no se inscriben en los registros electorales o que votaron en blanco en las últimas elecciones. Son los mismos que antes tuvieron esperanzas, pero se decepcionaron de los políticos.
Los “indignados” protestan contra el estado de cosas que ha caracterizado el país durante varias décadas. No sólo cuestionan al actual gobierno de derecha sino también a la Concertación, bloque de centro izquierda, que dirigió el país durante 20 años. Durante ese largo periodo también la prioridad gubernamental fue el crecimiento, puro y duro, sin políticas efectivas para proteger el medio ambiente y tampoco para construir una estrategia energética que otorgara prioridad a las energías renovables no convencionales. Fue en este mismo periodo que se consolidó un sistema educacional basado en el lucro, marcado por las desigualdades y donde los estudios universitarios, de baja calidad, resultan inútiles para alcanzar mejores oportunidades en la vida.
Los “indignados” desconfían, entonces, de todos los políticos. A los de derecha, hoy en el gobierno, los ven como representación inmediata de los grupos económicos. A los políticos de la Concertación, los acusan de haberse subordinado a los grupos económicos, y su actual rechazo a HidroAysén no les parece creíble. Es imposible olvidar que este proyecto comenzó a construirse con la presidenta Bachelet y que actualmente lo dirige, y defiende con entusiasmo, Daniel Fernández, quien ocupó cargos destacados durante los gobiernos de la Concertación.
Los estudiantes tampoco confían en el actual gobierno, cuyos principales personeros han hecho fortunas con escuelas y universidades privadas. Pero tampoco creen en los políticos de la Concertación, ya que en el 2006, en vez de apoyar al poderoso movimiento estudiantil de los pinguinos que proponía trasformar radicalmente la educación, prefirieron aprobar una ley de reforma que no modificó su carácter discriminatorio ni el sistema de lucro que la caracteriza.
Todo indica, entonces, que las protestas ciudadanas, de medioambientalistas y estudiantes seguirán y probablemente se ampliarán a otros actores de la sociedad civil, apuntando a dos demandas. Por una parte, la democratización del poder político para favorecer la participación y representación efectiva de toda la ciudadanía. Por otra parte, la transformación del actual modelo de crecimiento para avanzar hacia una estrategia de desarrollo, que reduzca las desigualdades sociales y regionales y que asegure la protección del medio ambiente. Al igual que en España, los “indignados” han ingresado a la escena política.
