La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) discutirá por primera vez un caso de desaparición forzada en México cometido por militares en un suceso ocurrido en 2009, dos años después de iniciada la llamada guerra contra el narcotráfico.

El caso se empezó a debatir este jueves y se espera que el CIDH, con sede en Costa Rica, haga un pronunciamiento el viernes, de acuerdo a lo programado en la audiencia pública con los familiares de las tres víctimas, dos mujeres y un hombre.

Paola Alvarado, hija de Nitza Alvarado Espinoza, narró que en diciembre del 2009 un comando de al menos 10 militares sacó a su madre por la fuerza de un domicilio en el Ejido Benito Juárez, en el estado Chihuahua, en el norte de México.

"Las últimas palabras que recuerdo de mi mamá fueron 'ahorita regreso' pero ya no volvió", contó a Reuters Paola, de 22 años. "La seguimos buscando".

Más de 35.000 personas han sido reportadas como desaparecidas. Algunas aparecen muertas, en fosas clandestinas, con huellas de tortura, desmembradas o disueltas en ácido.

En la investigación, fueron señalados como responsables integrantes del 35 Batallón del Ejército del estado, fronterizo con Estados Unidos.

La guerra contra el narcotráfico, que comenzó el expresidente Felipe Calderón en enero de 2007, ha dejado en México decenas de miles de homicidios y desaparecidos, así como crecientes abusos de los derechos humanos perpetrados por fuerzas de seguridad, incluyendo militares.

Más de 35.000 personas han sido reportadas como desaparecidas. Algunas aparecen muertas, en fosas clandestinas, con huellas de tortura, desmembradas o disueltas en ácido.

Pese a las críticas de organismos internacionales por los resultados de la estrategia de seguridad, el presidente Enrique Peña Nieto mantuvo al Ejército en las calles, en un país donde el desprestigio de las policías, sobre todo locales, ha ido en aumento.

Con la colaboración de decenas de miles de militares, marinos y otras policías, se lograron importantes detenciones de capos. Sin embargo, los grupos delictivos se fragmentaron e incursionaron en otros delitos por lo que la violencia ha seguido en aumento, dejando casi 30,000 muertos el años pasado.