La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó a trámite la demanda contra el Estado ecuatoriano por violaciones a los derechos humanos que interpusieron los directivos y el ex editor de Opinión de El Universo.

En un comunicado dirigido a las partes, el pasado 7 de marzo, el organismo informó que desde esa fecha el Estado ecuatoriano -representado por la Procuraduría General- tiene dos meses para responder las argumentaciones de los litigantes.

Sin embargo, el texto suscrito por la secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH, Elizabeth Abi-Mershed, indica que “la presente solicitud de información no constituye prejuzgamiento con relación a la decisión que la CIDH eventualmente adopte sobre la admisibilidad de la petición”.

Carlos, César y Nicolás Pérez, y Emilio Palacio presentaron la queja el 24 octubre pasado; en ella señalan que el Ecuador violentó su derecho a la libertad de expresión al tramitar la querella penal por injurias calumniosas que interpuso el presidente Rafael Correa en su contra.

El derecho a la libertad de expresión está amparado en el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de la que el Ecuador es signatario desde 1977.

Paralelamente a la presentación de la queja, la defensa de los acusados hizo un pedido de medidas cautelares para dejar sin efecto la aplicación de la pena de tres años de cárcel y el pago de una millonaria indemnización para Correa.

La CIDH dio paso a esa solicitud el 21 de febrero pasado, una semana después de que la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia ratificara el fallo dictado por el juez temporal Juan Paredes.

Hace dos semanas, los abogados de los directivos y el ex columnista del medio pidieron al organismo que suspendiera esas medidas una vez que Correa resolvió “perdonar” la pena a los sentenciados, el 27 de febrero anterior.

El abogado de los directivos de El Universo, Hernán Pérez Loose, indicó que la Comisión ha mostrado especial interés en este caso porque afecta no solo a cuatro personas sino a toda la sociedad ecuatoriana.

“En la medida que la sentencia siga vigente, generará en los medios de comunicación un efecto disuasivo, de autocensura y de temor”, dijo el jurista.

La defensa de los Pérez y Palacio solicitó a la CIDH que anule el fallo porque consideran que este constituye un precedente negativo para la libertad de expresión.

Al momento no se han fijado montos de eventuales compensaciones u otras formas de reparación del daño causado a los Pérez y Palacio.

Hasta el cierre de la edición, el Departamento de Comunicación de la Procuraduría no informaba si, en efecto, esta había recibido la notificación de la Comisión Interamericana.