A más de dos años de la desaparición de los estudiantes de magisterio y pese a que se han llevado a cabo decenas de detenciones, es aún un misterio el destino de los muchachos, capturados el 26 de septiembre del 2014 por policías en la sureña ciudad de Iguala.
Ciudad de México. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció este martes que del 9 al 12 de noviembre realizará su primera visita a México una nueva misión, ya acordada con el Gobierno, que dará seguimiento a las investigaciones del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
A más de dos años de la desaparición de los estudiantes de magisterio y pese a que se han llevado a cabo decenas de detenciones, es aún un misterio el destino de los muchachos, capturados el 26 de septiembre del 2014 por policías en la sureña ciudad de Iguala y supuestamente entregados a un grupo de la delincuencia organizada.
La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía federal) ha dicho que ha iniciado nuevas búsquedas y seguido las recomendaciones de un grupo de expertos internacionales que hizo el seguimiento al caso hasta abril, pero aún no tiene resultados relevantes.
La nueva misión estará integrada por el nuevo comisionado para México de la CIDH, el colombiano Enrique Gil Botero, quien estará apoyado por especialistas técnicos de la Secretaría Ejecutiva del organismo, señaló la Comisión en un comunicado.
Lo acompañará el presidente de la CIDH, James Cavallaro, quien ha respaldado las duras críticas a la investigación realizadas por el grupo de expertos internacionales y que derivaron en la renuncia de un funcionario de alto rango de la fiscalía que condujo las primeras pesquisas y al que los expertos señalaron como sospechoso de manipular evidencia.
Este grupo ha rechazado la versión inicial de la fiscalía de que los jóvenes fueron asesinados y quemados en un basurero de la localidad de Cocula, vecina a Iguala. El actual fiscal señala que se investigan diferentes hipótesis.
Los padres de las víctimas, así como sus abogados, han criticado al Gobierno porque consideran que las investigaciones avanzan lentamente y que no se ha ahondado en el rol que el Ejército pudo haber tenido en la desaparición de los jóvenes, un caso que cimbró al Gobierno de Enrique Peña Nieto.
