Mensajes obligatorios que interrumpen la programación. Declaraciones estigmatizantes dirigidas a periodistas y comunicadores. Y una ley que establece la comunicación como un servicio público, con lo cual el Estado asume “facultades exorbitantes de regulación” sobre el ejercicio de un derecho fundamental, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), son parte de las preocupaciones que organismos locales y extranjeros ven en el ejercicio de la libertad de prensa en el país.

Su día mundial, que se conmemora cada 3 de mayo y fue establecido en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, busca evaluar el estado de la prensa, defender a los medios de los ataques sobre su independencia y rendir homenaje a quienes perdieron sus vidas en el ejercicio de su profesión.

En el Ecuador, la libertad de prensa vive un clima de confrontación entre el gobierno y los medios. La CIDH, en el informe anual de la relatoría para la libertad de expresión, presentado recientemente, da cuenta de ello en 43 páginas sobre el país, en las que señala agresiones y descalificaciones a comunicadores con términos como “fascistas”, “corruptos”, “sinvergüenzas” o “sicarios de tinta”.

Además, observa que el gobierno hace uso de su facultad legal de emitir cadenas, pero muchas veces estas transmiten el mensaje oficial solo en el canal que emitió una información u opinión cuestionada por el poder, como por ejemplo en Los Desayunos de 24 horas, de Teleamazonas, o Contacto Directo, de Ecuavisa. “La información que los gobiernos transmiten debe ser aquella estrictamente necesaria para atender necesidades urgentes de información en materias de claro y genuino interés público, y durante el tiempo estrictamente necesario”, dice el informe.

Juan Pablo Albán, uno de los finalistas para presidir la relatoría de libertad de expresión de la CIDH, considera preocupante la situación de la prensa en el país porque ya empieza a haber mecanismos de restricción directa con la aplicación de dos normas: la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) y el Código Integral Penal (COIP).

La misma preocupación comparte la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) respecto a la LOC. Su corresponsal en el país, Eric Samson, señala que casi un año después de su aplicación (en junio del 2013) siguen las inquietudes sobre la subjetividad y generalidades de la norma, en temas como proporcionar información contrastada, veraz y oportuna o la figura de linchamiento mediático.

“En este momento se está proponiendo a través de la legislación ecuatoriana que el pensamiento puede delinquir, lo que es ilógico. Y si a eso le suma que desde el aparato estatal se ha tratado de ir ocupando espacios de comunicación a la sociedad a partir de la utilización de empresas de comunicación incautadas para servir a los entes gubernamentales el cuadro se vuelve todavía más serio”, dice.

En su informe, que el gobierno ecuatoriano ha exigido que rectifique, la CIDH destaca como positivo que el COIP haya derogado el delito de “desacato” y despenalizado la injuria no calumniosa, pero se muestra preocupada por la estructura “amplia y ambigua” de ciertos delitos que podrían afectar la libertad de expresión.

Por ejemplo, el artículo 178 consagra como “violación de la intimidad” la conducta de quien “sin contar con el consentimiento o la debida autorización legal”, acceda, intercepte, grabe, difunda o publique datos personales, comunicaciones privadas de otra persona por cualquier medio, y lo penaliza con uno a tres años de prisión.

Esa norma establece excepciones cuando se trata de información pública, pero la CIDH advierte que no las hace si se trata de información de notorio interés o cuando quien la divulga no participó de ningún acto ilegal para obtenerla.

La misma preocupación comparte la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) respecto a la LOC. Su corresponsal en el país, Eric Samson, señala que casi un año después de su aplicación (en junio del 2013) siguen las inquietudes sobre la subjetividad y generalidades de la norma, en temas como proporcionar información contrastada, veraz y oportuna o la figura de linchamiento mediático.

“Quién puede evaluar la cantidad de contextualización suficiente para entender un proceso. En una nota radial de un minuto o dos qué cantidad de contexto podemos poner, eso nos deja a merced de la subjetividad. Cuándo empieza el seguimiento normal en el trabajo periodístico y cuándo el linchamiento mediático”, indica.

La norma deja otras preocupaciones. Lupita Fierro, vicepresidenta de la Unión Nacional de Periodistas, dice que las entidades creadas por la LOC, el Consejo de la Información y Comunicación (Cordicom) y la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) se han convertido en instancias que, en vez de contribuir a fortalecer la libertad de expresión, lo que hacen es coartarla.

Lo que se busca y se empieza a dar, indica la dirigente, es la autocensura “para disminuir el potencial crítico de la prensa, que es una de las misiones que el periodismo tiene que cumplir”, además de ser un fiscalizador del poder, de las decisiones que toma y el uso de recursos.

El presidente Rafael Correa defendió la ley en una entrevista, el pasado 26 de abril, en diario El País de España. Dijo que todo poder necesita ser regulado y que es legítimo tener una ley de comunicación, “que no es ley de medios” y que en el país la crítica no se sanciona sino la mentira y la calumnia.

El titular de la Supercom, Carlos Ochoa, se ha pronunciado en el mismo sentido. El pasado 10 de abril en la Asamblea dijo que las sanciones administrativas por la infracción a los derechos de la comunicación tienen una finalidad correctiva para los medios y reparatoria para los afectados. Y con énfasis señaló: “Creo que ya hay un cambio en este país y ya se piensa dos veces antes de soltar la lengua”.

Observaciones
Libertad de prensa

Situación actual

La clasificación de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras ubicó a Ecuador en el puesto 95 este año; en el 2013 estuvo en el 119. La variación de otros países y el que en el informe de 2013 se incluyó un asesinato. Dice que la polarización no ha disminuido.

CIDH

RSF observa que la Ley de Comunicación no estableció regulaciones a la publicidad estatal, que es dinero público y debería fortalecer en general todos los medios: públicos, privados y comunitarios.