La batalla judicial continuará ahora en la Corte Suprema, que será la que finalmente deberá decidir. Pero mientras tanto todos los demás grupos, incluido un socio del Grupo Clarín, reconocen y acatan la ley.
La implementación de la ley de medios tenía una fecha según un dictamen judicial de mediados de año: el 10 de diciembre pasado. Pero a finales de noviembre el Grupo Clarín entabló una demanda judicial acusando a periodistas por incitar a la violencia política y por otro lado en sus spots en contra de la ley de medios abogaba por la libertad de expresión. Esto trajo como consecuencia un apoyo casi instantáneo del medio a los periodistas acusados y dejó muy mal parado al multimedios.
Por eso cuando quedaban pocos días para el fin de la cautelar (7D), muy pocos creían en que ésta podía extenderse. El jueves 6, sin embargo, ésta se extendió un año más. Los medios del Grupo Clarín estaban en éxtasis, porque consideraban que le habían asestado un gran golpe al gobierno, que ya había planificado una celebración para el domingo 9 en la Plaza de Mayo.
Pese al golpe, el gobierno mantuvo la celebración y fuentes cercanas a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) le informaban a AE que “estamos absolutamente confiados en que la ley se va a poder cumplir, no hay desánimo ni nada de eso. Estamos confiados en que se van a respetar las facultades de los tres poderes, porque esta es una ley del parlamento y promulgada por el Ejecutivo”. Sin embargo, la extensión de la medida cautelar, que significaba que mientras no se resolviera la constitucionalidad de dos artículos la ley no era aplicable a Clarín, causó preocupación en otros ámbitos del gobierno, que empezó a presionar al Poder Judicial a través del ministro de Justicia.
Entonces, el fiscal Fernando Uriarte, que estaba viendo el caso de la constitucionalidad de los artículos, recomendó desestimar la impugnación de Clarín porque, entre otras cosas, sugería que todo aquel que no tuviera una cantidad de licencias equivalente a las del grupo resultaba económicamente inviable; pero además, citando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableció que los “oligopolios de medios deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia”, sobre todo porque en cuanto a la libertad de expresión “debe primar el derecho de oyentes y televidentes, no el de los radiofusores”. Esta recomendación del fiscal fue acogida una semana después por el juez Horacio Alfonso, quien dijo en el fondo que la ley de medios entraba en aplicación.
En medio de estos triunfos y derrotas de Clarín y del gobierno, la unidad de negocios corporativos de Cablevisión, Fibercorp, anunciaba un nuevo negocio: la transformación de la Bombonera (de Boca Juniors) en el primer estadio digital de Argentina y América Latina. Esta actitud de inversión cuando el multimedio debía hacer justamente lo contrario, se combinó con la actitud del socio principal de Clarín en Cablevisión, Fintech Advisory, quien se acercaba al AFSCA con un plan de desinversión.
¿Pero cómo entender todo esto?
Javier Bajer es experto en gobierno corporativo, trabaja en el Centro de Educación Empresaria de la Universidad San Andrés y ensaya una respuesta para esta interrogante. Para él todo radica en que cuando tú le achicas el territorio a una empresa (Clarín debe desprenderse de varias señales de cable o reorganizar su estructura), generalmente ésta maneja menos poder, “pero además las organizaciones grandes no están acostumbradas a estos achiques, va contra su esencia. Así como hay una habilidad para crecer también hay una para achicarse. Muy probablemente achicarse en Clarín lo vean como un fracaso y no como adecuarse a una realidad”.
Para Bajer el desafío de Clarín está en manejar bien esto, porque se supone que pueden ajustarse, para que no tengan esa sensación de pérdida y advierte que esta sensación puede “reforzar la idea del enemigo común”, un enemigo que es el gobierno y una lucha que es política.
En otras palabras, si el grupo se hubiera visto obligado a desinvertir por un elemento económico, como una crisis, esto no sería tan grave. Pero como la ley, según él, parece estar pensada para perjudicar a Clarín, el golpe es duro, porque “si fuera un grupo pro gobierno con riesgo de monopolio, no hubiéramos caído en esta línea de tensión”.
Por otra parte, para el periodista investigador de medios, Martín Becerra, el final de 2012 representa el final de un ciclo, en donde hay “una evidente erosión en la primacía del Grupo Clarín”. Para Becerra, Clarín a partir de los setenta asumió la tutela de un sistema de medios “que mutaba desde el mercado editorial hacia el audiovisual. Desde entonces, y sobre todo a partir de las dos siguientes décadas, fue transformándose en un grupo multimedios con ramificaciones en otras actividades económicas”.
Casi todos los presidentes colaboraron con el crecimiento de Clarín, hasta que en 2008 los Kirchner rompieron la alianza que tenían con el grupo. Martín Becerra cree que la visita del CEO de Fintech Advisory a las oficinas del AFSCA “certifica el fin de aquel ciclo de expansión”.
La batalla judicial continuará ahora en la Corte Suprema, que será la que finalmente deberá decidir. Pero mientras tanto todos los demás grupos, incluido un socio del Grupo Clarín, reconocen y acatan la ley.
