En Bolivia, las protestas contra el nuevo Código del Sistema Penal no han hecho otra cosa que intensificarse. El pasado lunes (15.01.2018), respondiendo a un heterogéneo frente de opositores, el presidente Evo Morales se negó a abolirlo, pero dijo estar abierto a revisar, modificar o anular durante los próximos doce meses todo enunciado que afecte negativamente a algún segmento de la sociedad, como ordenó hacerlo con los artículos 137 y 205, a petición de los trasportistas y los médicos, respectivamente. Esos gremios denunciaron que las sanciones por mala praxis profesional con que los amenazaba el documento aludido eran excesivas.

Los transportistas dejaron de bloquear importantes carreteras y los trabajadores de la salud finalizaron la huelga que habían mantenido durante mes y medio. Pero, en ciudades como La Paz, Potosí, Santa Cruz, Sucre y Tarija, asociaciones vecinales, comerciantes, docentes, estudiantes universitarios y sindicalistas alzaron la voz en los últimos días contra ambigüedades en la redacción del texto que pueden dar pie al uso político del flamante código penal. A ello se sumó el llamado a que Morales respete el referendo constitucional de 2016, mediante el cual la mayoría de sus compatriotas le negó la posibilidad de aspirar a la reelección en 2019.

Desde la desesperación de su estatus minoritario en el Parlamento, varios políticos de oposición optaron por manifestaciones de protesta más radicales: a principios de esta semana, de diecisiete legisladores en huelga de hambre, solo diez diputados y una senadora la continuaban. Mientras tanto, un parlamentario se crucificaba en Cochabamba para llamar la atención hacia su causa: la solicitud de anulación del nuevo Código del Sistema Penal, promovido y aprobado por el partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS). Por su parte, lo que el establishment dice ver en las calles no es una convulsión social, sino una conspiración de la derecha.

Tirios y troyanos contra la nueva ley. Promulgada el 14 de diciembre de 2017 por el poder Legislativo y al día siguiente por el Ejecutivo –ambos en manos del MAS–, la normativa ha estado bajo fuego desde septiembre. Ya entonces eran objeto de debate los borradores de los artículos que flexibilizaban la penalización del aborto y otros que, a juicio de las iglesias cristianas, atentaban contra la familia. Dietmar Müßig, director diocesano de las obras misionales pontificias en el Obispado de Hildesheim, deja entrever por qué los reproches de católicos y evangélicos podían dar la impresión de ser quejas aisladas, meros actos reflejos de las organizaciones religiosas.

Dietmar Müßig, director diocesano de las obras misionales pontificias en el Obispado de Hildesheim, deja entrever por qué los reproches de católicos y evangélicos podían dar la impresión de ser quejas aisladas, meros actos reflejos de las organizaciones religiosas.

“Por un lado, el aborto es un tema delicado para la comunidad cristiana, no solamente en Bolivia. Por otro, la relación de las iglesias con el Estado es particularmente tensa en ese país y ninguna de las partes deja de echarle leña al fuego. Las protestas de los religiosos no pueden analizarse sin considerar ese contexto político”, explica Müßig, quien fue enviado a Bolivia para fomentar la hermandad entre la diócesis de Hildesheim y las instituciones católicas locales. “Cuando Evo Morales asumió la jefatura del Gobierno nacional, él y la Iglesia católica tenían objetivos en común que debieron haber intentado alcanzar juntos. Pero no lo hicieron”, acota. 

“El difunto cardenal Julio Terrazas (1935-2015), la más alta autoridad católica en el país, se enfrentó al nuevo Ejecutivo, la reacción de Morales no se hizo esperar y la discordia adquirió su propia dinámica. Con semejante trasfondo, no es de extrañar que las iglesias se muestren combativas cada vez que el oficialismo se pronuncia sobre temas que les resultan sensibles. Eso lleva a que los obispos salten a ejercer resistencia contra algunas propuestas que yo, en su lugar, dejaría pasar”, dice Müßig. En realidad, el religioso era apenas uno de los sectores de la sociedad boliviana que señalaban a voz en cuello los defectos esenciales del nuevo código penal.