Bogotá. Una mujer que defendía a los campesinos desplazados en Colombia fue asesinada, tres días antes de que el gobierno sancione una ley para indemnizar a las víctimas del conflicto armado interno y restituir sus tierras, informó el miércoles la Policía Nacional.

Ana Fabricia Córdoba, de 51 años, fue asesinada el martes por un pistolero en el interior de un autobús en la ciudad de Medellín, la capital del departamento de Antioquia, 220 kilómetros al noroeste de Bogotá, precisaron las autoridades.

La mujer salió hace una década de la región de Urabá, en donde un grupo armado ilegal asesinó a su esposo, y en Medellín lideró una organización que promovía la defensa y el regreso de desplazados a sus territorios.

La dirigente denunció recientemente amenazas, mientras que uno de sus hijos fue asesinado hace casi un año, de acuerdo con grupos de derechos humanos.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sancionará el próximo viernes durante la visita del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, la ley que busca indemnizar a las víctimas del conflicto armado y devolver las tierras de los que fueron expulsados por grupos armados ilegales, una norma que podría abrir las puertas a la reconciliación.

La ley, aprobada en mayo por la coalición de partidos que respalda a Santos, es considerada como la más importante iniciativa en el primer año de gestión del mandatario.

El vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, condenó el crimen y pidió a las autoridades capturar a los responsables y encarcelarlos.

"Llegó el momento de las víctimas en Colombia. Este Gobierno reafirma su compromiso con las víctimas y sus derechos y advierte a los delincuentes que casos como el de Ana Fabricia no quedarán en la impunidad", dijo Garzón en un comunicado.

De acuerdo con analistas y políticos, la ley deja sin argumentos a la guerrilla izquierdista que históricamente ha reclamado por una reforma agraria que incluya la devolución de tierras a campesinos e indígenas desplazados por la confrontación y la indemnización de las víctimas.

Se estima que con la ley se restituirán unos 6 millones de hectáreas, de las cuales 4 millones fueron abandonadas por amenazas y 2 millones más objeto de despojo directo, la mayoría por escuadrones paramilitares de ultraderecha.

Pero analistas y grupos de derechos humanos también han advertido sobre el riesgo de que la norma desate una ola de violencia contra líderes campesinos fomentada por testaferros de antiguos paramilitares y grupos armados ilegales que ocuparon extensos territorios en donde actualmente crecen cultivos de palma africana y de maderas.

En los últimos dos años, al menos 12 líderes campesinos desplazados que buscan la devolución de tierras han sido asesinados en Colombia, país que sufre un conflicto interno desde hace más de 45 años que, aunque ha reducido de intensidad, sigue cobrando la vida de cientos de personas.