El centro de estudios Crisis Group, con sede en Bruselas, teme un aumento de los ataques contra los candidatos para las elecciones de fines de octubre, cuando los colombianos elegirán cerca de 1.102 alcaldes, 32 gobernadores, miles de concejales y diputados.

Bogotá. La violencia electoral en Colombia podría dispararse este año después de caer sostenidamente durante una década, a medida que las bandas criminales buscan consolidar y expandir su control sobre los gobiernos locales de cara a las próximas elecciones, dijo el lunes el centro de estudios Crisis Group.

La organización con sede en Bruselas teme un aumento de los ataques contra los candidatos para las elecciones de fines de octubre, cuando los colombianos elegirán cerca de 1.102 alcaldes, 32 gobernadores, miles de concejales y diputados.

Será la primera prueba electoral para el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, quien busca evitar la injerencia de los grupos armados ilegales en el proceso.

"Los grupos armados ilegales buscan consolidar y expandir su control sobre los gobiernos locales en las elecciones para gobernaciones, alcaldías, asambleas departamentales y concejos municipales", dijo Crisis Group (www.crisisgroup.org).

La organización dijo que las bandas criminales emergentes, conformadas por antiguos paramilitares de ultraderecha y que constituyen la principal amenaza de seguridad para Colombia, no parecen tener una postura unificada frente a los comicios.

"Algunas de ellas preferirán mantener una relación mínima con políticos locales, que les garantice impunidad, acceso a la información y libertad de acción. Pero en una rápida evolución, se están convirtiendo en redes criminales más extensas y fuertes, de tal manera que algunos de ellos podrían desarrollar una agenda política más ambiciosa", advirtió en un informe.

Gobernantes y candidatos en Colombia fueron acusados durante años de estar en connivencia con grupos paramilitares, guerrilleros izquierdistas y otras organizaciones armadas ilegales.

Las masacres, los asesinatos, los secuestros y los ataques contra la infraestructura económica del país se redujeron desde el 2002 por una ofensiva militar del ex presidente Alvaro Uribe con apoyo de Estados Unidos.

Persiste amenaza. Pero la guerrilla, replegada a zonas montañosas y selváticas, aún mantiene la capacidad de realizar ataques de gran impacto, inclusive en grandes centros urbanos pese a la muerte de importantes líderes y a la deserción de miles combatientes.

Mientras, las bandas criminales han ocupado las zonas que dejaron los escuadrones paramilitares desmovilizados en medio de una cuestionada negociación de paz con el Gobierno, ganando espacio y protagonismo con sus acciones violentas.

En los últimos años, políticos locales fueron acusados de hacer acuerdos con antiguos paramilitares de ultraderecha para garantizar su elección en prósperas zonas ganaderas y petroleras. Paralelamente, otros fueron acusados de recibir apoyo de la guerrilla que, dicen, obligó a los electores a votar por ellos.

Los grupos armados ilegales acostumbran a amenazar a los candidatos y hasta asesinarlos para presionar a los electores, imponer aspirantes afines a sus propósitos y apropiarse de recursos del Estado.

Y la violencia parece estar en aumento. En el primer semestre del 2011, al menos 14 candidatos fueron asesinados, tres secuestrados, seis sufrieron atentados y 38 más fueron amenazados, según la Misión de Observación Electoral.

"El alto número de asesinatos de precandidatos es un mal presagio para la campaña electoral, sugiriendo que la tendencia decreciente de violencia electoral de la última década podría ser revertida", dijo el informe de Crisis Group.

"A ello se agrega el riesgo de que se utilicen diversos medios, incluyendo la intimidación y el dinero ilícito, para influir sobre los resultados. El Gobierno debe implementar con todo rigor medidas adicionales para proteger a los candidatos y blindar el proceso electoral contra la infiltración criminal, la corrupción y el fraude", concluyó.