A la hora de hacer balances del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, la historia hablará de tres conceptos: seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social. En todos y cada uno de los foros, encuentros y conferencias en las que participó el mandatario en Colombia y el exterior fue reiterativo en afirmar que estos tres principios eran la base de su administración de ocho años (2002-2010).

Uno de los episodios más recordados en la insistencia del expresidente Uribe por comunicar los pilares de su gobierno fue la que se vivió en abril de 2009, cuando en plena Cumbre de las Américas, en Trinidad y Tobago, precipitó un encuentro con su homólogo de Estados Unidos, Barack Obama, con el fin de darle a conocer lo que en la campaña presidencial de 2010 llamaría sus “tres huevitos”.

A pesar de sus esfuerzos, cables enviados desde la embajada estadounidense en Bogotá el 8 de octubre de 2009 dan cuenta de la poca confianza que le generaba al gobierno de Washington, pero sobre todo a los empresarios de ese país, el tema de las inversiones en Colombia.

Los documentos dados a conocer por Wikileaks hacen serios reparos a procesos licitatorios adelantados por los ministerios de Comunicaciones, Transporte y Defensa, así como por la empresa Etesa, hoy en liquidación y adscrita al Ministerio de la Protección Social.

Las irregularidades de Etesa. En un apartado del cable enviado a Washington, la embajada recalca los problemas que han tenido dos compañías estadounidenses vinculadas con juegos de azar en Colombia. Uno de los casos involucra a la firma Gtech, operadora de Baloto, cuyo contrato con Etesa se vencía el 17 de enero de 2011.

Según el reporte, cuando la compañía norteamericana intentó hacer uso de la cláusula que le permitía extender el contrato por cinco años más, “un ‘amigo’ del director de Etesa (en ese momento Gonzalo Gutiérrez) se reunió con ellos para garantizar la prórroga si se le sobornaba” y remata explicando que el caso fue dado a conocer “de inmediato” al entonces vicepresidente Francisco Santos.

Durante los mismos días en que se transmitió este cable, El Espectador informó de las dificultades en el proceso mediante un artículo titulado “El Baloto se juega su suerte”, en el que se relata cómo el caso llegó hasta el despacho del procurador Alejandro Ordóñez y del entonces contralor Julio César Turbay Quintero, dadas las irregularidades que se presentaron. Hoy el proceso se encuentra abierto, después de que el contrato no se extendió automáticamente.

Pero allí no paran las denuncias relacionadas con Etesa.

El despacho diplomático indica que “las compañías que licitan en Colombia tienen válidas razones para preocuparse”, al referirse al caso de la empresa Scientific Games International (SGI), que tras obtener un contrato de lotería y juegos de azar en 1992, no cumplió con las metas estipuladas en el acuerdo. Ante esta dificultad, intentó llegar a un proceso de arbitramento con Etesa sin resultado, por lo que expresamente indica: “Como lo demuestra este caso, el Gobierno colombiano no siempre respeta las cláusulas de arbitramento estipuladas en contratos comerciales. Esto le añade otro nivel de riesgo e inestabilidad para las compañías estadounidenses que estudian invertir en Colombia”.

El caso Inco. En otro de los apartes de los textos confidenciales, el entonces embajador del gobierno Obama en Bogotá, William Brownfield, explica cómo tuvieron que renunciar a sus cargos cinco miembros del Instituto Nacional de Concesiones (Inco), entidad adscrita al Ministerio de Transporte, incluido el propio director del organismo Álvaro José Soto.

El cable agrega que su salida, el 21 de septiembre de 2009, se da por alegaciones de corrupción en la licitación para la construcción del denominado Sistema Ferroviario Central, y a renglón seguido concluye que “las negociaciones con los ministerios de Transporte y Comunicaciones a menudo dejan dudas entre los inversionistas internacionales sobre el compromiso del Gobierno colombiano para incrementar la inversión extranjera directa”.

En la comunicación se destaca el caso de una firma de Montana (EE.UU.) que se retiró de este proceso al encontrar “irreal y corto el calendario de la licitación e inequitativo el criterio de calificación establecido por el Inco”. Asimismo, retoma la apreciación del presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo, quien asegura que el caso Soto es un “gran freno para la economía del país”, pero sobre todo que es desalentador para el sector de la infraestructura que el Inco sume nueve directores en seis años.

Más allá del tema de infraestructura, los despachos de la misión diplomática en Bogotá hacen énfasis en la licitación de un satélite para Colombia. En el reporte se indica que este proceso “ha experimentado también muchas dificultades” y señala a la entonces ministra de Comunicaciones, María del Rosario Guerra, de posponer encuentros con inversionistas internacionales a último minuto, a pesar de que los ejecutivos se encontraban ya en Bogotá provenientes de varios países.

En el cable se advierte que los medios locales han reportado que los problemas de esta licitación se han presentado en parte porque los términos de referencia favorecen a dos empresas francesas con estrechos vínculos con Libia.

Estos problemas dieron al traste con el proceso, toda vez que en diciembre de 2009 se declaró desierta la licitación para el diseño, fabricación, lanzamiento y puesta en operación del primer satélite de comunicaciones para Colombia, Satcol. El motivo: la única propuesta presentada —la de la empresa rusa Information Satellite Systems-Reshrtnev Compañy— no cumplía con la totalidad de los requisitos exigidos. Diez meses más tarde el proceso se volvió a declarar desierto, con lo que se estancó la posibilidad de que el país tuviera un satélite.

Los líos en Mindefensa. Pero ahí no paran las denuncias del embajador Brownfield. Otros de sus más graves señalamientos apuntan a negociaciones con el Ministerio de Defensa, en ese momento encabezado por Gabriel Silva Luján, hoy embajador de Colombia en Washington. Según lo consignado en el documento diplomático, se han dado “múltiples irregularidades en las licitaciones militares”.

El texto refiere un caso que involucra a la compañía estadounidense Textron, que estaba trabajando en una venta de vehículos al Ejército colombiano por US$100 millones. El cable agrega que la firma solicitó formalmente asesoría legal a la Embajada en un momento en el que no pudieron agendar más reuniones con los oficiales a cargo del proceso.

Roces diplomáticos por el TLC. Los últimos meses de 2009 también dieron lugar a tensos episodios en la relación comercial entre Colombia y EE.UU. por la reticencia del Legislativo de ese país de aprobar el TLC. Uno de ellos fue el proyecto de ley que impedía a competidores internacionales de televisión hacer publicidad en el país.

Cuando oficiales de la embajada le expresaron su incomodidad al viceministro de Comercio, Gabriel Duque, recibieron una fuerte respuesta: “Sabemos que esta ley viola nuestros acuerdos de comercio. Pero hasta que aprueben el TLC, esta ley es un derecho de Colombia”.

A la fecha, el Tratado de Libre Comercio sigue en el limbo, al igual que las preferencias arancelarias Atpdea.

En ese punto se hizo claro que el Ejército colombiano estaba considerando un vehículo surcoreano que sólo era un prototipo y que aún no se había probado. A pesar de esta intención, Textron obtuvo el contrato, “pero después de que el gobierno de EE.UU. expresara sus preocupaciones sobre el proceso a las más altas instancias”. Lo más grave del tema vendría después de la declaratoria del ganador, cuando según el cable, “oficiales retirados del Ejército colombiano le ofrecieron US$10 millones al representante local de Textron para que retirara su oferta”.

A finales de 2009, trascendió en algunos medios de comunicación que Textron firmó un contrato con el Ministerio de Defensa de Colombia para la construcción de 39 vehículos blindados, destinados a operaciones del Ejército.

Así se cierran las denuncias de octubre de 2009 de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá referentes a grandes negocios que involucran a cuatro ministerios de la anterior administración. A pesar de sus esfuerzos, se evidencia que el mensaje del expresidente Uribe sobre seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social no caló en todos los miembros de su gobierno.