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Colombia clausura dos unidades de inteligencia militar por sospecha de corrupción
Miércoles, Abril 18, 2018 - 15:07

Tras una investigación preliminar del Ministerio de Defensa y del Comando General de las Fuerzas Militares, el caso fue remitido a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, mientras que los efectivos fueron separados de sus cargos.

Bogotá. Colombia eliminó dos unidades de inteligencia militar en medio de una investigación que involucra a varios efectivos, los que se habrían apropiado de recursos de un fondo con el que se financiaban operaciones y se pagaba a informantes, informó el miércoles el Ministro de Defensa.

Tras una investigación preliminar del Ministerio de Defensa y del Comando General de las Fuerzas Militares, el caso fue remitido a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, mientras que los efectivos fueron separados de sus cargos.

"Se ha decidido que dejan de existir en el organigrama del Comando General tanto el Comando Conjunto de Inteligencia como la Regional de Inteligencia", dijo en una conferencia de prensa el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien se abstuvo de precisar el número de oficiales y suboficiales investigados.

El funcionario reveló que en los últimos 10 años los recursos del fondo de gastos reservados ascendió a 8.900 millones de pesos (US$3,2 millones) y que de esa suma "puede haber un porcentaje comprometido", que no especificó.

El uso de los recursos del fondo de gastos reservados fue suspendido por 30 días a solicitud de la Procuraduría General, uno de los organismos de control administrativo y disciplinario a cargo de la investigación.

Villegas afirmó que se adoptarán medidas para mejorar y extremar los controles internos en el área de inteligencia, mientras que anunció pleno apoyo a la investigación que también busca establecer si los involucrados usaron equipos oficiales para actividades ilegales de interceptación y con qué fines.

En los últimos años las Fuerzas Militares de Colombia han estado en el blanco de escándalos por supuestas actividades ilegales de interceptaciones de comunicaciones y manejos irregulares de recursos financieros.

Autores

Reuters