"Este pool también analiza los recursos que se interpondrán para rechazar las inconsistencias y vacíos jurídicos del fallo en mención que beneficia a Nicaragua", precisó la Cancillería.

Bogotá. Colombia conformó este lunes un grupo de abogados que estudiará los recursos que interpondrá ante la Corte Internacional de Justicia que le recortó una extensa y rica zona marítima en el Caribe para cederla a Nicaragua, sin descartar retirarse del tratado con el que reconoció la jurisdicción de ese tribunal.

Pese a que la decisión del principal órgano judicial de Naciones Unidas es de inmediato y obligatorio cumplimiento, Colombia ha dilatado su acatamiento, mientras evalúa el fallo para decidir si pide aclaraciones o una revisión.

"Por instrucción del presidente de la República, Juan Manuel Santos, se conformó un pool de abogados, expertos en Derecho Internacional, para apoyar el estudio de los cursos de acción jurídicos en relación con la situación derivada del fallo proferido (...) por la Corte Internacional de Justicia", dijo un comunicado de la cancillería.

"Este pool también analiza los recursos que se interpondrán para rechazar las inconsistencias y vacíos jurídicos del fallo en mención", precisó.

El grupo está conformado por seis abogados, expertos en derecho constitucional e internacional.

El gobierno de Bogotá no ha acatado el fallo y el propio Santos admitió la posibilidad de que Colombia se retire de un tratado con el que reconoció la jurisdicción de ese tribunal, procedimiento con el que no evadiría el veredicto, de acuerdo con expertos.

"El nuevo grupo de abogados que hemos contratado está precisamente en eso y muy pronto se va a tomar esa decisión", dijo Santos a periodistas.

La canciller de Colombia, María Angela Holguín, anunció la semana pasada que con el retiro del Pacto de Bogotá se buscaría impedir que Nicaragua presente una nueva demanda para ampliar su jurisdicción en el Caribe en perjuicio del país sudamericano.

El Pacto de Bogotá, también conocido como el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, es un acuerdo internacional suscrito el 30 de abril de 1948 que impone la obligación a los países signatarios de reconocer la jurisdicción de la CIJ y de buscar la solución concertada a los conflictos.

Pese a la posición de Colombia de no acatar de inmediato el fallo, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, confió la semana pasada en que Bogotá lo cumplirá y dijo que no tiene otra alternativa.

Mientras, la Armada colombiana mantiene sus embarcaciones en la zona que antes del fallo estaba bajo su jurisdicción y dijo que lo hace para defender su soberanía, proteger a los pescadores y habitantes de las islas, así como para combatir el narcotráfico.

Aunque la Corte Internacional le ratificó a Colombia la soberanía sobre siete islotes que reclamaba Nicaragua, además de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el fallo le costó una parte de su plataforma marítima con elevado potencial económico, principalmente pesquero y petrolero.

El tribunal modificó como frontera entre los dos países el meridiano 82, lo que amplió a Nicaragua su jurisdicción en el Caribe.

Las posibilidades de que el fallo sea modificado son casi nulas, por lo que la única opción que tiene Colombia si no quiere acatarlo es declararse en rebeldía, de acuerdo con expertos.

Sin embargo, esa alternativa es contraria a la tradición histórica de Bogotá de respetar el derecho internacional y podría crear tensión en la región por el respaldo que recibiría Nicaragua de países como Venezuela, Ecuador y Bolivia, según analistas.