La Comisión de Política Criminal fijó en marzo de este año las bases de la posible negociación en materia de justicia con la guerrilla.

Una comisión de la verdad, la priorización y selección de investigaciones de graves violaciones de derechos humanos, la ponderación entre el deber de justicia y las penas alternativas, e incluso la transición de grupos ilegales hacia partidos políticos “orientados a defender sus banderas por medios no violentos”, son algunos de los temas candentes que abordó la Comisión Asesora de Política Criminal en su informe al ministerio de Justicia entregado en marzo pasado.

De las 135 páginas del documento —que pasó inadvertido durante seis meses y que se desempolvó luego de que El Tiempo divulgara la semana pasada una propuesta de despenalización total del aborto contenida en el informe—, nueve están dedicadas a plantear escenarios de justicia transicional, que hoy constituyen la plataforma de estudio del gobierno para resolver el que es quizá el escollo principal de las negociaciones de paz con las FARC: las cuentas pendientes del grupo ilegal con las miles de víctimas de sus crímenes en casi medio siglo de conflicto armado.

Según el informe, aunque el deber del Estado es la investigación y sanción de los responsables de las violaciones a derechos humanos, este principio es negociable en contextos de justicia transicional que tienen como fin la paz.

Un escenario que obliga a la selección de casos emblemáticos y sentencias para los máximos responsables, con una particularidad: “la posibilidad de penas alternativas que no sean privativas de la libertad” y que el Estado renuncie en forma condicionada a la investigación de ciertos casos y ciertos responsables.

Punto de partida. Aunque el documento, elaborado por abogados de la talla de Iván González Amado, Camilo Sampedro, Julio Sampedro y Rodrigo Uprimny, no menciona específicamente a las FARC, está claro que los planteamientos que allí quedan esbozados constituyen la recomendación más precisa hecha al gobierno Santos para establecer puntos de partida con la guerrilla sobre hasta dónde es posible negociar la impunidad en aras de la paz.

En ese marco de reparación a las víctimas, el informe resalta que uno de los mecanismos para desandar los horrores del conflicto son las comisiones de la verdad.

El Espectador estableció que aunque este escenario aún no ha sido puesto sobre la mesa con las FARC, ya está siendo considerado por el Ejecutivo como una posible carta de negociación. Pero para que sus alcances pudieran materializarse tendrían que ser especificados en la ley reglamentaria del Marco legal para la paz al tiempo que avancen los diálogos en La Habana (Cuba).

En todo caso, fuentes del alto gobierno no descartan una comisión de la verdad como una vía para reconstruir las memorias de la violencia subversiva en un entorno de transición hacia la reconciliación.

En palabras de la Comisión Asesora, la razón esencial para que ese deber de investigación y sanción sea un principio y no una política no negociable “es la imposibilidad de aplicarlo en contextos transicionales, pues colisionaría radicalmente con otros principios muy valiosos como el logro de la paz y la preservación de la estabilidad democrática.

El estándar de que hay que juzgar a todos los responsables de los crímenes de lesa humanidad o de guerra y condenarlos a una pena privativa de libertad es insostenible fáctica y normativamente”.

En consonancia con lo propuesto la semana pasada por el fiscal Eduardo Montealegre, en desarrollo de la creación de la Unidad Nacional de Análisis y Contexto —que priorizará investigaciones bajo el entendido de que el juzgamiento de toda la criminalidad al tiempo constituye una utopía—, el informe asegura que es necesario reconocer las tensiones entre paz y justicia, por lo cual “es indispensable reducir el imperativo de castigo en beneficio de otros valores como la paz o la transición democrática”.

Al entrar a analizar este punto, la Comisión advierte que aunque las razones de las víctimas son esenciales para combatir la impunidad en materia de los crímenes perpetrados por un actor armado (en este caso las Farc), también es cierto que procesarlos a todos, como exige el derecho convencional, constituye una sobrestimación de la capacidad del Estado para dar una respuesta eficaz a ese reto que plantea la criminalidad organizada en escenarios de transición.

El ejemplo palpable es Justicia y Paz: más de 300.000 hechos han sido confesados, pero apenas van cuatro condenas contra los jerarcas del paramilitarismo en Colombia.

Lo dice el documento sin rodeos: “La paz negociada solamente resulta posible si el principio de selectividad se aplica inclusive a los crímenes de lesa humanidad” y sobre la garantía de no repetición. La Comisión sostiene que para que eso ocurra los jueces deben entender los beneficios de la paz negociada a la hora de tomar decisiones que “tratan los derechos de las víctimas como cartas de triunfo que no admiten ningún tipo de sopesamiento”. Y añade: “Los colombianos solamente podremos acceder al camino de la paz si nos atrevemos a pensar lo impensable: el perdón jurídico-condicionado de lo jurídicamente imperdonable”.

Esa concesión en materia penal a cambio de la verdad y la reparación deberá ser un modelo que integre la memoria de la barbarie ocurrida al contexto de la negociación que pretende ponerle un punto aparte a la guerra. Un tratamiento que a la vista de un diálogo con grupos como el Ira en Irlanda y la Eta en España, según cita el informe de la Comisión, pueda derivar incluso en la transformación de grupos armados en partidos políticos que puedan hacer sostenibles los acuerdos, la inserción en la sociedad civil y la democracia.

En ese sentido, los programas de desmovilización deben responder tanto a las lógicas de la paz como a las lógicas de la justicia. Para que eso ocurra, los grises del conflicto tienen que ser aclarados completamente con el fin de satisfacer la memoria de lo que aconteció. En el caso de las FARC, aquello redundaría en explicar, más allá de la criminalidad desbordada durante casi 48 años de conflicto, en reconstruir de cara a las víctimas el horror de la violencia y lo que subyace a los delitos propios de una organización que recurrió al narcotráfico y al secuestro para financiar sus actividades y propósitos políticos de chantaje al Estado.

Al margen de lo que acontezca en la instalación de la mesa de diálogos con la guerrilla de las FARC en Oslo (Noruega), el gobierno Santos ya tiene un camino recorrido acerca de lo que se puede negociar en materia de impunidad para cerrar de una buena vez medio siglo de confrontación armada. La Casa de Nariño estudia con lupa las recomendaciones de la Comisión y trabaja en un documento más extenso que será formalizado en la mesa en menos de dos semanas. La paz, siempre esquiva en esta Colombia en guerra, busca un escenario para salir avante. El documento de la Comisión será un punto de partida.