Desde el 7 de agosto de 2010, cuando en su discurso de posesión el presidente Juan Manuel Santos dijo que la puerta del diálogo con la guerrilla no estaría cerrada con llave, que aspiraba a sembrar en su gobierno las bases de una verdadera reconciliación y que se debía aprender de las lecciones y los errores del pasado, dentro de las Fuerzas Militares comenzaron a avizorar el escenario que hoy se presenta: el de una mesa de negociación con las FARC en La Habana (Cuba).

Una idea que se reforzó aún más en los altos mandos con el impulso dado por el Ejecutivo a proyectos como la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras o el Marco Legal para la Paz. Además, los mensajes que en su momento enviaron los líderes guerrilleros Alfonso Cano y Timochenko, mostrándose dispuestos a buscar una solución política y negociada al conflicto, terminaron por llevar a la Dirección de Planeamiento de Operaciones de Información (DPOI) de las Fuerzas Militares a analizar y plantear el papel que deben jugar ante dicha negociación.

Y es así como surgen varias cartillas elaboradas por la DPOI, una dependencia asesora del Comando General de las Fuerzas Militares —compuesta por expertos en ciencias políticas y militares—, quienes fundamentados en documentos académicos de expertos en guerra y paz de todo el mundo, como Vicenç Fisas, director de la Escuela de Paz de Barcelona, proponen varias teorías en torno al poder, los escenarios del posconflicto y, sobre todo, la necesidad de que los militares hagan parte del proceso de diálogo, tengan conocimiento y participación de todas sus fases.

En efecto, tras recalcar que sus acciones se deben supeditar a las necesidades del presidente de la República, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, la recomendación que se plantea en una de las cartillas, titulada Procesos de paz y Fuerzas Militares, es que el manejo de la negociación no debe ser exclusivo del personal civil y que las Fuerzas Militares deben tener la oportunidad de debatir los puntos “con la mayor rigurosidad y confidencialidad posible, planteando alternativas y estrategias”.

Los asesores del Comando General de las Fuerzas Militares creen que este involucramiento le permitirá al Gobierno tener los aportes, puntos de vista, reparos y el compromiso de la Fuerza Pública, con el objetivo de tener una estrategia de negociación integrada y participativa, que blinde al Ejecutivo de posibles desacuerdos o reticencias por parte del estamento castrense, como se ha evidenciado en anteriores conversaciones de paz.

Sin duda, un punto de vista clave a la hora de aplicar la tesis de que no se deben cometer los errores del pasado. Y en este sentido, la cartilla advierte que desde el gobierno de Belisario Betancur hasta el de Andrés Pastrana, los diálogos con la insurgencia implicaron una ruptura entre la estrategia política y la militar. “Si bien es cierto que tradicionalmente en Colombia se ha considerado que los militares no son actores deliberantes políticamente, también es cierto que esta es una posición que no corresponde a la teoría democrática e inclusiva del Estado moderno”, se señala.

La cartilla sugiere que en la mesa de negociación debería estar presente un delegado de las Fuerzas Militares que haga parte del equipo del Gobierno, “esto teniendo en cuenta que los contendientes directos de los grupos armados al margen de la ley son los miembros de la Fuerza Pública”. La estrategia apuntaría a que dicha participación “disiparía” en parte los inconvenientes y la desconfianza de los militares frente a este tipo de procesos, “tal y como ocurrió en el caso de los diálogos de paz entre el gobierno de Betancur y la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, en el que los militares fueron aislados”.

Para muchos, esta tesis explica la presencia del ex comandante de las Fuerzas Militares, general (r) Jorge Enrique Mora Rangel, en la mesa de negociación con las FARC, ante la necesidad de generar esa confianza en la tropa. Para nadie es un secreto que se trata de uno de los oficiales en retiro que más influencia tienen dentro del Ejército y que más admiración despiertan en los militares activos y retirados. Y el país sabe también que en el proceso del Caguán, él y sus hombres se quejaron siempre de que nunca les informaran de lo que realmente sucedía en la zona de despeje.

Recientemente, al conocer su presencia en el equipo negociador del Gobierno, el ex presidente Pastrana expresó su preocupación y advirtió que podría ser “una piedra en el zapato” porque había sido “un enemigo de la paz”. Para los analistas actuales de las Fuerzas Militares, el principal cambio en un escenario de paz debe ser la idea dentro de las Fuerzas Militares de que éstas se constituyan como actores de la democracia y no sólo como garantes de ella. “Si se han desgastado luchando la guerra, deben estar en la construcción de la paz”.

Otro de los enfoques de la cartilla Procesos de paz y Fuerzas Militares se refiere a las acciones que deben mantener las tropas en cuanto a disuasión y aseguramiento. En el concepto de los analistas de la DPOI, a lo largo del avance de los diálogos la misión se debería enfocar en garantizar que la soberanía no vaya a ser vulnerada “ni por los enemigos internos que estén negociando, ni por sus aliados externos, los cuales pueden aprovechar el escenario de tregua (alto el fuego) que posiblemente se genere, para emprender acciones contra el país”.

Es claro que en la Fuerza Pública —o al menos entre algunos de sus más altos asesores— persiste la idea de ver en algunos vecinos, léase Venezuela, un potencial enemigo. Por eso creen que es fundamental salvaguardar las fronteras, prestando un apoyo en el proceso de consolidación y control del territorio. Ahora, el documento también sugiere el escenario que hoy persiste y que el presidente Santos ha reiterado: negociación sin cese del fuego. Y el objetivo debe ser, aseguran los asesores, imponer la fuerza del Estado.

Con estrategia incluida: “se debe disponer de comandos operativos conjuntos y coordinados que ayuden a neutralizar las acciones armadas del enemigo y que a su vez demuestren la fortaleza del Estado, esto con el fin de poder mantener el control en las negociaciones, ya que si la guerrilla nota que existe un desequilibrio a su favor, el proceso de paz no será más que una simple táctica dilatoria para su fortalecimiento, como ya ocurrió en negociaciones previas antes del Caguán”, advierte la cartilla.

Los asesores del Comando General de las Fuerzas Militares incluyen en sus análisis un aspecto crucial al reconocer que una negociación con la insurgencia le puede traer costos a la Fuerza Pública, los cuales hay que tratar de minimizar. Por eso advierten que es preciso entender que las FARC mantienen un esquema político-militar, el cual buscarán utilizar “hábilmente” en la negociación “para afectar en lo posible la estructura de las Fuerzas Militares, como condición previa para su desarme, desmovilización y reinserción”.

Retomando las teorías de Vicenç Fisas, consideran que, en un posible escenario de paz para Colombia, se puede dar una combinación entre reparto de poder político y económico y un intercambio de paz por democracia. Y es aquí donde le abonan un punto a favor al presidente Santos, al considerar que a través de estrategias como la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras —los argumentos más antiguos de la guerrilla— se la ha dejado sin discurso político. Precisamente en ese escenario de reparto de poder es que consideran la posibilidad de un cambio en la estructura del Estado, incluyendo a las Fuerzas Militares.

“En este sentido, deben prepararse para enfrentar un proceso de paz de manera activa y decidida, en la medida en que son actores válidos de derechos y deberes dentro del Estado. Esta es la única manera en que los militares pueden garantizar la sostenibilidad de sus fuerzas y las garantías judiciales para sus hombres. De eso se trata la democracia, de la inclusión de todos los sectores”, se expresa al final de la cartilla a manera de conclusión, recalcando que es un imperativo de cualquier nación sostener su sistema de defensa y seguridad y que lo que se negocia realmente en la mesa es cómo llegar al posconflicto.

Las cartillas militares por la paz comenzarán a ser socializadas en los cuarteles, como una muestra del compromiso de la Fuerza Pública con el proceso próximo a iniciarse en La Habana. “La paz va a llegar por este proceso o porque las Fuerzas Militares van a gestar ese escenario; así que va a suceder en corto, mediano o largo plazo. Lo importante es que desde ya el país entienda que en cualquier escenario necesitamos a esta Fuerza Pública fuerte, para garantizar que los logros en seguridad se sostengan a través del tiempo”, ha dicho el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. De cualquier manera, ya resulta histórico que los altos mandos militares asuman un compromiso que en épocas pasadas hubiese sido impensable.

La Escuela de Paz de Barcelona. Creada en 1999, la Escuela de Paz de Barcelona, que dirige Vicenç Fisas, tiene el propósito de trabajar por la cultura de paz, los derechos humanos, el análisis de conflictos y de los procesos de paz, la educación para la paz, el desarme y la prevención de los conflictos armados. Durante los últimos años, el tema del conflicto colombiano ha sido abordado por varios de sus investigadores, lo que precisamente sirvió de pilar para las cartillas elaboradas por los miembros de la Dirección de Planeamiento de Operaciones de Información del Comando General de las Fuerzas Militares.

Fisas fue acompañante del fracasado intento de negociación que hizo el gobierno de Álvaro Uribe con el Eln en 2007, también en La Habana. En agosto pasado, en una entrevista con la W Radio, se refirió al naciente proceso de diálogo entre el gobierno Santos y las FARC, mostrándose optimista: “El hecho de que haya una etapa previa exploratoria, llevada a cabo con discreción, y que las partes hayan llegado a unos acuerdos mínimos sobre la agenda a tratar, significa que no se va a empezar en frío, lo cual garantiza un buen futuro”, dijo.

Algunas frases de las cartillas para tener en cuenta. “Si Colombia llega a un proceso de paz, será una negociación larga y compleja por la idea de fortaleza que tiene el enemigo de sí mismo, no sólo por su aparato armado sino por su espectro no armado (político, económico legal e ilegal). El papel de las Fuerzas Militares será fundamental como parte del Estado y como la institución que ha llevado el peso del conflicto”.

“El reparto de poder no significa, en términos políticos o jurídicos, un reconocimiento ni de beligerancia ni de victoria. Significa la imposibilidad de la derrota total a nivel militar, lo cual ya es complejo en una guerra asimétrica por sus propias características”.

“Dentro de una guerra insurgente, el único escenario de enfrentamiento que se sigue luego de un acuerdo es el de la opinión pública y los estrados judiciales”.

“Casi siempre se termina en una reforma constitucional. Un proceso de negociación es un proceso de sopesar lo que el otro está proponiendo, de aceptar o rechazar, de encontrar una medianía en las posturas, afectando a futuro los procesos políticos y sociales de un país”.

“La operación militar sobre Casa Verde fue un gran desacierto por parte del Gobierno. La guerrilla no fue aplastada y, por el contrario, los impulsó a pasar a una etapa en la lucha armada en la que tendrían mayor capacidad de desestabilizar al Gobierno”.

“Históricamente en Colombia (1982-2002) el tema de los procesos de paz ha sido de exclusiva responsabilidad civil y el estamento militar sólo ha sido contemplado para tareas operativas, desconociendo los invaluables aportes que éste puede incorporar al proceso y olvidando que son las Fuerzas Militares las que han llevado el peso del conflicto armado interno”.

“Es necesario considerar qué incentivos serían capaces de inspirar confianza a las FARC para avanzar en su desmovilización, luego de la masacre de la UP, ya que sin una desactivación de las bandas criminales y una clara estrategia de seguridad de los ex combatientes, éstos difícilmente estarán motivados a firmar un acuerdo de paz que implique semejantes riesgos”.