Bogotá. La Contraloría General de la República dispuso abrir una indagación preliminar en contra del Ministro de Trasporte, Andrés Uriel Gallego, el director del Instituto Nacional de Vías (Invias) Enrique Martínez Arciniegas, y los directores de esa entidad desde 2007, con el propósito de establecer si se ha incurrido en responsabilidad fiscal, por el no pago de unos dineros a las firmas contratistas que ejecutaron las obras pactadas con esa entidad en el Contrato de Obra Pública No.025 de 1983.

El contralor Turbay Quintero dijo que es lamentable que los funcionarios públicos se nieguen a cumplir las sentencias de los jueces, como si estuvieran por encima de los mismos, y que luego el Estado, con el dinero de todos los colombianos, deba pagar cuantiosas sumas por intereses.

"Es una práctica que no se puede generalizar en la administración, porque cada día son más los intereses que debe pagar el estado por culpa de la negligencia de los funcionarios públicos", anotó.

El caso. El informe de la Contraloría explica que después de una demanda de 150.000 millones de pesos (US$ 73,92 millones), se logró una conciliación entre Conigravas y otros y el INVIAS, mediante la cual se dirimieron controversias entre las partes por 74.000 millones de pesos (US$36,46 millones).

La conciliación fue aprobada por el Tribunal de Antioquia el 4 de diciembre de 2006 y además fue avalada en su oportunidad por la Procuraduría General de la Nación.

El contralor explicó que desde abril de 2009, la Corte Constitucional confirmó una Sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado que no tuteló el derecho al debido proceso que en una acción de tutela había alegado el Invias, según el comunicado.

El tema ha sido avalado por la Procuraduría, el Tribunal de Antioquia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, pero a la fecha el Invias no ha procedido a pagar la suma adeudada, precisa el comunicado.

De acuerdo con información recibida en la Contraloría, como el Invias no ha cancelado a las firmas contratistas desde 2006 la suma de 74.000 millones de pesos (habiéndose pagado únicamente la suma de 13.951 millones de pesos). En consecuencia queda un saldo pendiente por cancelar de 60.048 millones, situación que determinaría un pago adicional de 37.950 millones de pesos, por concepto de corrección monetaria e intereses que por culpa de la entidad no se pagaron, indica el informe.

Es necesario destacar que el Contralor General de la República ha advertido reiteradamente a los directivos de las entidades públicas respecto de la obligatoriedad de los fallos y pronunciamientos definitivos de los Tribunales, dado que su desconocimiento puede dar lugar a cuantiosos pagos a cargo de las instituciones que generan graves detrimentos al patrimonio público.