Bogotá. La Corte Constitucional declaró inexequible la emergencia social convocada por el Gobierno Nacional en diciembre de 2009, mediante el decreto 945 del año anterior. De esta manera, quedó sin sustento jurídico la reforma a la salud impulsada por el Ejecutivo.

El alto tribunal consideró que no había amenaza al orden económico, social o ecológico que consagra la Carta Política de 1991 como requisitos para decretar el estado de excepción, que le permite al Gobierno asumir la labor legislativa que le corresponde al Congreso.

De esta manera, la Corte Constitucional determinó el carácter de “inexequebildad” que tienen todos los decretos que con fuerza de ley emitió la Presidencia, toda vez que la plataforma jurídica a través de la cual los redactó carecía de sustento constitucional.

La mayoría de los magistrados respaldó la postura del magistrado sustanciador, Jorge Iván Palacio Palacios, quien consideró que no había ningún hecho sobreviniente de la aludida vulnerabilidad del Estado, y de ahí su ponencia, pidiendo la declaratoria de inconstitucionalidad.

El mismo Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, coincidió con esa conclusión, al sugerir la declaratoria inconstitucional de la emergencia social, amparado en el mismo argumento esgrimido por Palacio en su ponencia.

Este viernes, los nueve integrantes de la colegiatura continúan reunidos en Sala Plena, en el propósito de determinar si es viable o no diferir los efectos del fallo, cuyo objeto sería permitir una vigencia perentoria de algunas disposiciones, que le darían un tiempo al Gobierno Nacional para acudir a nuevos mecanismos para reformar el sector salud.

Fuentes cercanas al Ministerio de la Protección Social consultadas por ElEspectador.com aseguraron que las disposiciones que se mantendrían serían el cobro de impuestos adicionales al cigarrillo, la cerveza y los juegos de azar y aquel que le otorgó nuevas facultades a la Superintendencia de Salud para intervenir en entidades prestadoras de servicios médicos.

La validación de ese mecanismo por parte de la Corte no significa la exequibilidad de algunos de los decretos que, al no contar con una plataforma válida a los ojos de la Carta Política, carecen también de constitucionalidad. Lo que estaría en juego sería el momento exacto en el que empezaría a surtir efecto la decisión de la Corporación de declarar inexequible la emergencia.