Bogotá. El Ejército de Colombia destituyó este martes a cuatro oficiales y tres suboficiales por fallas en el control de tropas implicadas en el asesinato de tres niños en una región nororiental del país, en el más reciente caso militar de violación a los derechos humanos.

El hecho ocurrió a inicios de octubre cuando tres hermanos fueron asesinados y sepultados en una fosa común en una zona rural del municipio de Tame, en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela.

En el caso aparecen vinculados algunos efectivos del Ejército, la fuerza que lidera la lucha contra la guerrilla izquierdista en medio del violento conflicto interno.

"El comandante del Ejército no permitirá violación a los derechos humanos ni al derecho internacional humanitario por ninguno de sus integrantes ni en cumplimiento de sus funciones", dijo el comandante de la fuerza, general Alejandro Navas.

El oficial anunció que por los mismos hechos fue puesto a disposición de la Fiscalía General un oficial al parecer implicado en la muerte de los tres niños.

Investigaciones preliminares han permitido establecer que tropas de una brigada del Ejército se encontraban en la zona de los hechos y que al parecer algunos efectivos tuvieron participación en la muerte de dos niños, de 6 y 9 años, y de una adolescente de 14 años que además fue abusada sexualmente.

"Los hechos que se investigan se consideran el resultado de una conducta individual", dijo Navas quien destacó el compromiso de las tropas para recuperar y mantener la seguridad en este país de más de 44 millones de habitantes.

Nuevo escándalo. Pese a los esfuerzos del gobierno y de los mandos militares, el Ejército colombiano tiene un amplio récord de violación a los derechos humanos en medio del conflicto interno que azota este país sudamericano desde hace más de 45 años y que cobra miles de víctimas.

En septiembre de 2008 se conoció que al menos 19 jóvenes que residían en Soacha, un sector obrero ubicado en el sur de Bogotá, aparecieron muertos en el noroeste del país después de que el Ejército los reportó como miembros de grupos armados ilegales muertos en combates.

El incidente puso en evidencia otros casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por algunos miembros del Ejército, al parecer con el propósito de mostrar éxitos de sus unidades en la lucha contra grupos armados ilegales y conseguir algunos beneficios como recompensas y descansos remunerados.

El escándalo provocó la destitución de 27 efectivos del Ejército, incluidos tres generales, y la posterior renuncia del comandante de esa fuerza, general Mario Montoya.

La Fiscalía General investiga más de mil casos de ejecuciones extrajudiciales con alrededor de 1.600 víctimas, en procesos que involucran a más de 400 efectivos.

El comandante del Ejército reiteró la disposición de esa institución militar a colaborar con la Fiscalía General en el esclarecimiento del caso de Arauca y en el castigo ejemplar a los responsables.

El departamento de Arauca, en donde se produjo la muerte de los niños, es una próspera región ganadera y petrolera en donde aún mantienen presencia las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el más pequeño Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En la zona son frecuentes los combates entre tropas de las Fuerzas Militares y columnas guerrilleras que suelen provocar víctimas civiles y desplazamientos de campesinos, de acuerdo con grupos de derechos humanos.