Bogotá. Luego de que un juez de Sucumbíos en Ecuador volvió a vincular al General colombiano Freddy Padilla al proceso judicial que adelanta por el caso donde fue abatido el líder de las FARC, Raúl Reyes, el gobierno de Colombia volvió a enviar una nota diplomática al país vecino para aclarar que la acción formó parte de una decisión de Estado y no de un particular.

La reacción del Ejecutivo colombiano se genera horas después del enérgico rechazo del presidente Álvaro Uribe, en el que señaló que se emprenderá una férrea defensa para librar al Comandante de las Fuerzas Militares colombianas del proceso jurídico que adelanta Ecuador.

"Nosotros de corazón queremos el restablecimiento pleno de las relaciones con el Ecuador, pero nosotros no podemos, en nombre de una diplomacia meliflua y babosa, dejar desamparado al general Freddy Padilla de León", dijo el mandatario.

Carlos Jiménez, fiscal de la provincia amazónica de Sucumbíos, solicitó al juez Daniel Méndez, de la misma jurisdicción, la vinculación de Padilla, "por cuanto se recabaron indicios, elementos que hacen presumir su presunta participación" en la llamada "operación Fénix".

Padilla ya fue imputado en esa investigación, pero en febrero pasado, otro juez de Sucumbíos, Francisco Revelo, se abstuvo de continuar con el juicio, por asuntos de procedimiento, aunque en mayo, Méndez reavivó el juicio con la imputación del presidente electo de Colombia, Juan Manuel Santos.

Santos, que fue ministro de Defensa en marzo de 2008, ha sido vinculado por su supuesta participación "intelectual" en el bombardeo en Angostura, donde fallecieron unas 26 personas, entre ellas el ex "número dos" de las FARC, alias 'Raúl Reyes', el ecuatoriano Franklin Aisalla y cuatro universitarios mexicanos.

El fiscal Jiménez confirmó que "sólo los dos", Santos y Padilla, "por el momento", están vinculados en el proceso y, por lo tanto, llamados a presentar sus testimonios.

"Este tipo de procedimientos se hace a través de Asistencia Penal Internacional, se remite a través de la Fiscalía general del Estado a sus similares en Colombia para que, a su vez, los requiera para el cumplimiento de estas diligencias", añadió Jiménez.

La comparecencia ante las autoridades judiciales de Sucumbíos "queda ya a criterio de los señores" imputados, comentó Jiménez, tras enfatizar en que "la Fiscalía lo que hace es viabilizar, notificar para el cumplimiento de estas diligencias", que se ordenan en el marco de un proceso penal.

El ataque colombiano en Angostura, ejecutado sin aviso ni con el consentimiento de Ecuador, derivó también en la ruptura de relaciones diplomáticas, aunque Quito y Bogotá adelantan un proceso de diálogo directo para intentar recomponer plenamente sus lazos.

De momento, los dos países han designado a sus respectivos encargados de negocios y agregados militares, y han ratificado la voluntad política de continuar las conversaciones.