A la cárcel La Picota será trasladado el ex secretario General del ministerio de Agricultura de Colombia Juan David Ortega, luego de que la juez Johana Santamaría hubiera avalado la petición de la Fiscalía de dictar en su contra medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por su presunta responsabilidad en las irregularidades que habrían rodeado la destinación de los recursos de Agro Ingreso Seguro, AIS.

El alto grado de perjuicio que el ex funcionario podría haber causado a la sociedad, omitiendo su responsabilidad de defender el efectivo aprovechamiento de los dineros del Estado fue uno de los argumentos aceptados por la operadora jurídica, titular del Juzgado 55 Penal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá, luego de que el fiscal Martín Moreno San Juan así lo sostuviera en su sustentación de la medida.

La juez Santamaría encontró viable la determinación, teniendo en cuenta que la presunta conducta antijurídica desplegada por el exfuncionario fue determinante para que parte de los convenios celebrados por el Ministerio, en el marco del desarrollo de AIS terminaran generando un detrimento patrimonial por más 288.000 millones de pesos.

La Fiscalía considera que a Ortega también le cabe responsabilidad por el hecho de que la cartera, dice, haya vulnerado los principios de la contratación estatal, al escoger de manera directa al Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria, IICA, para el desarrollo de parte de las actuaciones necesarias para poner en funcionamiento el programa y no por concurso, como lo exigía la naturaleza del contrato.

La cartera sostenía que el objeto del acuerdo era la cooperación técnológica y científica, en cuyo caso, no habría sido objetable la legalidad del acuerdo, teniendo en cuenta que se trataba de un contratista de carácter multilateral, señaló en su momento la parte acusadora; sin embargo, agregó el mismo fiscal Moreno, el propósito central era la administración de recursos destinados a la publicidad de los programas de riego y dragado que ofrecía la plataforma financiera, lo que los obligaba a iniciar un proceso de selección objetiva y no a contratar directamente, como lo hicieron.

47.000, 100.000 y 147.000 millones más habrían costado las tres fases de ejecución del acuerdo en el cual se habría fraguado el millonario detrimento patrimonial que el organismo de control se ha atrevido a calificar como el grave hecho de corrupción que ha golpeado a la agricultura colombiana en toda su historia.

Así las cosas, el investigador contará con un plazo de 30 días hábiles para sustentar en debida forma el escrito de acusación en contra de Ortega, a quien se le imputan los delitos de peculado por apropiación de terceros, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales e interés ilícito en la celebración de contratos.

Por los mismos hechos ya se encuentran recluidos en prisión el exviceministro Juan Camilo Salazar, sus exjefes Jurídicos Tulia Eugenia Méndez y Óskar Shroeder, además de la exjefe de Financiamiento y Comercio Camila Reyes del Toro.

En algunos días, un juez de Control de Garantías definirá la situación del exgerente del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, Rodolfo Campos Soto y la del exdirector de desarrollo Rural de la entidad Javier Enrique Romero, vinculados al proceso por la Fiscalía.