El "Diálogo de Alto Nivel - Grupo de Trabajo Sobre Alternativas al Encarcelamiento", organizado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), es el escenario en el que viceministros de justicia, fiscales, magistrados y altos funcionarios de las Américas se dieron cita para encontrar salidas penales alternativas que pueden servir en la etapa de posconflicto en Colombia.

En especial, en lo referente a los campesinos cultivadores de coca, para que no se enfrenten al sistema penal y, por el contrario, se les brinden alternativas agrícolas.

En Colombia, cerca de 24.000 personas están en las cárceles por temas relacionados con narcotráfico y alrededor de 500 por cultivos ilícitos, por lo cual, en el marco de la negociación de paz entre el Gobierno y las Farc en La Habana, se requieren alternativas al encarcelamiento para delitos relacionados con drogas, ya que de reducir el consumo problemático y de perseguir a las grandes organizaciones depende la reducción de la criminalidad asociada.

Así lo señaló el viceministro de Justicia, Miguel Samper Strouss, quien afirmó que "empezamos a moldear una visión hemisférica que resultará en una estrategia para responder a las realidades de los estados y para establecer un marco que tenga en cuenta el proceso de paz en La Habana que adelanta hoy el Gobierno de Colombia con las Farc" y agregó que "es necesaria una óptica distinta para cada sustancia, no se puede regular todo bajo el mismo parangón. Hay que concentrar recursos en los eslabones fuertes, aquellos cuyo encarcelamiento conduce a desvertebrar la organización criminal, pero con la obligación de identificar y atender a la población afectada".

Ese es precisamente uno de los aspectos más importantes de los preacuerdos logrados entre Gobierno y guerrilla sobre el tema del narcotráfico, en el que se planteó la necesidad de desarticular las redes, castigar a traficantes, pero brindando alternativas para los campesinos que encontraron en el cultivo ilícito su sustento. "Quién puede hacerle una capitulación al hecho de brindar una oportunidad a que miles de campesinos entren a la legalidad, tal vez solo pudiera hacerlo alguien que pretende seguir generando desinformación a la opinión pública", afirmó Samper.

El encuentro es un insumo importante de cara a las negociaciones de paz y para eso se estudian ejemplos exitosos de países del hemisferio como el indulto de mulas del narcotráfico en Ecuador, que está orientado a aquellas personas condenadas a penas privativas de la libertad por tráfico y transporte de pequeñas cantidades de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, o el programa de tratamiento en drogas bajo supervisión judicial de Costa Rica, que se enmarca dentro del Programa de Justicia Restaurativa e implica un cambio en el papel del juez en el proceso.

En el evento hay delegados de Argentina, Barbados, Brasil, Bolivia, Canadá, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Surinam, Reino Unido, Estados Unidos, Uruguay, Trinidad y Tobago, y Colombia.

Entre los altos funcionarios asistentes, se destacan Richard Baum, Jefe de División de Política Internacional de la Oficina de Reducción de la Oferta (Ondcp), de la Casa Blanca; Nuno Capaz, presidente del Consejo de Administración del Observatorio Europeo de Drogas y la Magistrada María Doris Arias de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.