Este jueves Colombia tendrá la posibilidad de exponer sus descargos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Lo hará para responder a las demandas territoriales que Nicaragua expresó desde el 6 de diciembre de 2001, cuando reclamó la soberanía del archipiélago de San Andrés y Providencia, así como su territorio marítimo correspondiente.

Ya en los primeros días de la semana el gobierno de Managua tuvo la posibilidad de enumerar sus argumentos y, como en todo juicio, ahora es tiempo de escuchar a la contraparte.

Así que la delegación colombiana en La Haya, conformada por los especialistas en litigios internacionales James Crawford, Rodman Bundy y Marcelo Kohen, así como por ex cancilleres y ex embajadores colombianos como Julio Londoño, Guillermo Fernández de Soto, Francisco Lloreda, entre otros, tendrá la misión de defender los intereses nacionales, pero después de que los jueces deliberen y alrededor del mes de septiembre emitan un fallo, es posible que algo pierda Colombia, como aseguró la canciller María Ángela Holguín.

“Quiero decir que debemos tener en la mente que cualquier cosa puede pasar en esas posiciones salomónicas que ha tenido la Corte (...), no puedo decir al ciento por ciento que todo va a seguir igual. No, porque finalmente estamos en un proceso ante la Corte, y ésta va a tomar unas decisiones (...), creo que nadie esté preparado para que en algún momento digan: ‘sabe qué, ese pedacito ya no es de ustedes’”. Esas fueron las palabras que utilizó Holguín, quien al mismo tiempo se declaraba “optimista” por los resultados que pudiera tener el país en la CIJ.

Esas fueron las palabras, también, que desataron la reacción de algunos congresistas, que notaron algún dejo derrotista en el discurso.

El representante a la Cámara por San Andrés Jack Housnny llegó a asegurar que la canciller Holguín “ingresará a la lista infame de ciudadanos y ciudadanas que han entregado parte del territorio del país (...) mientras en San Andrés tratamos de mantener esa colombianidad bien en alto, la Cancillería está tratando de aplastarla en el archipiélago”. Apenas el lunes, cuando Nicaragua ponía en marcha sus alegatos ante la CIJ, cientos de sanandresanos salieron a las calles a apoyar la postura colombiana.

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Del mismo lado del río estuvo el senador Luis Fernando Velasco: “Si la canciller no se desdice de sus declaraciones, debe renunciar y si no, el Congreso tiene que llamarle la atención e incluso citarla a una moción de censura”.

No obstante, la canciller tiene razón en algo. El diferendo territorial entre Colombia y Nicaragua se define en el juicio adelantado por la CIJ, que a su vez es definitivo e inapelable. Dos partes enfrentadas sobre una realidad específica que al final dará la razón a alguna de las dos naciones. Desde ese punto de vista, es cierto, Colombia puede perder (también ganar, por supuesto). En ese escenario, ¿qué le podría significar al país?

Este juicio en particular comienza su historia a raíz del tratado Esguerra-Bárcenas, firmado en 1928, que concedía la soberanía del archipiélago de San Andrés y Providencia a Colombia. En una Acta de Canje del Tratado, incluida en 1930, se establecía además que la frontera marítima entre Colombia y Nicaragua se fijaba en el Meridiano 82.

Seis años después de que Nicaragua impusiera la demanda que hoy cita a las delegaciones en La Haya, es decir, en 2007, la CIJ se declaró incompetente para entrar a discutir la soberanía de las islas mayores del archipiélago, a saber San Andrés, Providencia y Santa Catalina, estipuladas en el Tratado de 1928. Sin embargo, gracias a que el Esguerra-Bárcenas no especificaba nada sobre la totalidad del archipiélago y, además, Nicaragua argumentaba que su firma se había conseguido bajo ocupación estadounidense, la Corte sí se declaró facultada para dirimir el litigio, que al final tendrá que estipular una nueva (o mantener la actual) frontera marítima que otorgue soberanía sobre algunos cayos adyacentes: Roncador, Quitasueño, Serrana, Serranilla, Bajo Nuevo, Alburquerque y Cayos Este Sudeste.

Si el fallo es a favor de Nicaragua, Colombia podría perder la soberanía sobre éstos, pero jamás sobre las islas mayores. San Andrés, Providencia y Santa Catalina están a salvo. Pero ese “pedacito” al que se refirió la canciller, además de estos terrenos, pondría en manos de Nicaragua un área de subsuelo marino del Caribe de alrededor 50.000 kilómetros cuadrados.

Para ir un poco más lejos, el país centroamericano tiene planes de exploración petrolera en la zona, un recurso que se uniría a la riqueza de estas aguas, señalada por el senador Velasco: bancos de langostas y caracoles, un área fecunda para la pesca.

Julio Londoño, excanciller de Colombia y experto en negociación de conflictos y fronteras, es integrante del equipo que representa los intereses nacionales en La Haya y será el encargado de abrir la sesión de descargos de hoy.

En la víspera de su intervención, Londoño, en comunicación con El Espectador, explicó que “los cayos de Roncador, Quitasueño y Serrana pertenecen a Colombia, así como los demás islotes y cayos que forman parte del archipiélago. La Corte Internacional de Justicia, en su fallo de diciembre de 2007, señaló que el Meridiano 82 debía considerarse más como límite occidental del archipiélago. Por tanto, la Corte deberá establecer cuál es la línea de delimitación marítima. Colombia considera que ésta debe trazarse entre el archipiélago de San Andrés y la costa nicaragüense, mientras que Nicaragua pretende, lo que es absurdo, que se trace entre la costa nicaragüense y la costa continental de Colombia”.

Londoño asegura que “el contexto de la declaración de la Canciller es que la Corte Internacional de Justicia toma sus decisiones teniendo en cuenta los principios y normas establecidas en el derecho internacional. La Corte en su fallo deberá tener en cuenta el inmenso acervo probatorio histórico y jurídico que ha presentado Colombia en el presente caso”. En eso coincide el profesor Eduardo Pastrana, director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana: “En Derecho Internacional la soberanía se declara por una presencia estatal clara sobre algún territorio determinado. Colombia tiene argumentos (títulos de propiedad, por ejemplo) para probar que ha ejercido soberanía en los cayos disputados”.

Nicaragua también tiene sus argumentos y será la Corte la que decida en unos cuantos meses. En cuento al cuestionado discurso de la canciller, la analista Sandra Borda, de la Universidad de los Andes, opina que “tal vez se esté preparando el terreno político para una eventual derrota. Lo que no significa que el Estado colombiano no desee defender su posición y no quiera ganar el fallo”.