Floresmiro Olaya, el único sobreviviente del accidente minero en “La Escondida” manifestó que el lugar no contaba con suficiente ventilación y no se realizaron las inspecciones necesarias para evaluar las condiciones de trabajo.
Bogotá. Los familiares de los cinco trabajadores que fallecieron debido a una explosión en la mina colombiana “La Escondida”, ubicada en la vereda Peñas del Boquerón (Sutatausa), demandarán al Estado por negligencia, al considerar que el gobierno no realiza los controles necesarios para exigir a las empresas las mínimas medidas de seguridad en los socavones.
Al parecer, la explosión se originó por la acumulación de gases. Asimismo, las autoridades lograron determinar que la mina no tenía zonas de seguridad en caso de presentarse un derrumbe.
Floresmiro Olaya el único sobreviviente de este accidente minero manifestó que el lugar no contaba con suficiente ventilación y no se realizaron las inspecciones necesarias para evaluar las condiciones de trabajo.
Olaya lamentó la muerte de sus compañeros y señaló que la minería es el único sustento de varias familias de la región.
El pasado martes hacia las 8 de la mañana se registró una explosión en la mina de carbón 'La Escondida', ubicada en el municipio de Sutatausa, Cundinamaraca, dejando cinco trabajadores muertos.
Un grupo especial de Ingeominas y la Defensa Civil se trasladó a la zona para rescatar los cuerpos de los mineros.
En el último año más de 130 personas han fallecido como consecuencia de accidentes en minas, según datos difundidos por Ingeominas.
La peor tragedia minera de los últimos años ocurrió en junio de 2010 en un yacimiento de carbón de Amagá, en Antioquia, donde una explosión sepultó en un túnel a más de 160 trabajadores, de los que 90 lograron salir y 73 murieron.
La más reciente se registró en el 26 de enero en el municipio de Sardinata, (Norte de Santander), donde fallecieron 20 personas.
Muchos de los accidentes ocurridos en minas colombianas se producen en las que funcionan de forma ilegal, que son unas 3.000 repartidas en 18 departamentos, de acuerdo con el gobierno, que prevé irlas cerrando paulatinamente hasta 2013.
Las autoridades clausuraron en los últimos cuatro meses 56 minas ilegales de explotación de oro y capturaron a 573 personas, según un informe de la Policía Nacional difundido el pasado 17 de enero.
