Bogotá. La mayor guerrilla izquierdista de Colombia anunció este sábado que está lista para liberar a diez efectivos del Ejército y de la Policía secuestrados, pero pidió al gobierno autorizar una visita humanitaria a rebeldes presos en las cárceles del Estado para proceder a la entrega.

La insistencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para que una comisión humanitaria visite a los guerrilleros presos en las cárceles del Estado, a los que denominan presos políticos, podría convertirse en un obstáculo para la liberación de los 10 rehenes que han permanecido privados de la libertad durante más de una década.

"Estamos listos para iniciar el proceso de liberación, en dos jornadas, de diez prisioneros de guerra en nuestro poder", dijo la guerrilla en un comunicado publicado en Internet.

"Manifestamos nuestro acuerdo con los ítems del protocolo de seguridad. Sólo hace falta que el presidente Juan Manuel Santos permita la visita humanitaria proyectada por Mujeres del Mundo por la Paz a los prisioneros políticos y de guerra en los centros de reclusión del país", precisaron las FARC.

El Gobierno de Santos negó recientemente una autorización a la ex senadora Piedad Córdoba, una de las dirigentes del Grupo Colombianos y Colombianas por la Paz, para ingresar a varias cárceles y verificar las condiciones en las que se encuentran confinados los integrantes de ese grupo rebelde con el argumento de que en el país no existen presos políticos.

El grupo rebelde, debilitado por una ofensiva militar en la que han muerto varios de sus comandantes mientras que miles de combatientes han desertado, calificó como un "contrasentido" que el Gobierno niegue la existencia de presos políticos en medio del conflicto interno de casi 50 años que cobra miles de vidas.

Versión de Córdoba. Sin embargo, la ex senadora Córdoba dijo el viernes que la liberación de los diez efectivos del Ejército y de la Policía a más tardar se extendería hasta el 3 de abril, con la facilitación de Brasil, y que su visita a las cárceles no era una condición para la entrega.

En el pasado el gobierno acusó a las FARC de utilizar las liberaciones escalonadas de rehenes como una estrategia para ganar protagonismo político a nivel nacional e internacional, así como para limpiar su degrada imagen vinculada con el narcotráfico, el secuestro y otros crímenes.

De inmediato no se produjo ninguna reacción del Gobierno al comunicado de las FARC, consideradas como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea.

El grupo rebelde anunció a finales de febrero que abandonará el secuestro extorsivo, pero no se refirió a cientos de civiles que de acuerdo con grupos privados y el Gobierno mantiene secuestrados desde hace años.

La liberación de todos los rehenes y el fin al secuestro son condiciones del Gobierno de Santos para iniciar un diálogo de paz con las FARC en su intención de poner fin al conflicto.

La guerrilla obtiene millonarios recursos económicos del narcotráfico, el secuestro, la extorsión y la minería ilegal, de acuerdo con fuentes de seguridad.

Aunque han sido debilitadas por una ofensiva militar apoyada por Estados Unidos, que se inició en 2002 con el ex presidente Alvaro Uribe, la guerrilla aún mantiene capacidad de realizar ataques de gran impacto.

Las FARC reactivaron sus ataques en diferentes zonas del país de 46 millones de habitantes, incluido el sector petrolero, uno de los principales motores de la economía colombiana que creció alrededor de 6% en 2011.