Bogotá. Colombia solicitó el jueves a Israel extraditar al ex oficial del Ejército Yair Klein para que cumpla una condena de más de 10 años por entrenar a grupos paramilitares, un esfuerzo con el que el Gobierno buscar esclarecer los nexos de esos escuadrones con el narcotráfico.

El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, explicó que la solicitud fue presentada formalmente por el embajador de Colombia en Tel Aviv.

"Esta es la primera vez que se solicita una extradición formal ante el gobierno de Israel, que fue el país al cual fue enviado dicho ciudadano que residía en Rusia", dijo el funcionario en una conferencia de prensa.

En noviembre el Tribunal de Estrasburgo, Francia, negó la extradición al país sudamericano de Klein, detenido en agosto del 2007 por la policía rusa en un aeropuerto de Moscú, después de recibir una solicitud de Interpol.

"Para el Gobierno colombiano resulta fundamental que esta condena se pueda cumplir y que dicho ciudadano esclarezca cuál fue su participación en la organización y entrenamiento de estos grupos, participación que coincide con un momento histórico para Colombia, cual fue el de la formación de las organizaciones paramilitares", explicó Vargas Lleras.

Un juez colombiano sentenció en el 2001 a Klein en ausencia por entrenar a paramilitares en "técnicas terroristas".

El militar retirado israelí apeló la decisión de Rusia de extraditarlo a Colombia con el argumento de que no contaba con garantías en el país sudamericano y que tenía problemas de seguridad en las prisiones.

Klein, quien encabezó un grupo de mercenarios israelíes que llegó a entrenar a grupos paramilitares en el centro de Colombia en la década de 1980, fue enviado desde Moscú a Israel.

De acuerdo con fuentes de seguridad, recibió 80.000 dólares del extinto narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, jefe militar del Cartel de Medellín, uno de los primeros en apoyar la conformación de grupos paramilitares.

Los escuadrones paramilitares de ultraderecha fueron grupos armados ilegales que surgieron en la década de 1980 financiados por terratenientes, ganaderos, comerciantes y narcotraficantes para protegerse de los ataques de la guerrilla izquierdista en medio del conflicto interno.

Pero poderosos narcotraficantes tomaron el control de esos escuadrones que asesinaron a miles de civiles en medio de su guerra contra los rebeldes izquierdistas y provocaron cientos de desplazamientos, mientras instauraron enclaves políticos y militares bajo su régimen de terror en varias regiones.

Los escuadrones paramilitares se desmovilizaron en el gobierno del ex presidente Alvaro Uribe como parte de una controvertida negociación que permitió el desarme de más de 31.000 combatientes, muchos de los que regresaron a las actividades criminales como miembros de ejércitos privados al servicio del narcotráfico.