La historia comenzó en junio de 2012 cuando el sargento viceprimero de Infantería de Marina, Dayron Castel González, detectó que habrían serias inconsistencias en el contrato número 22 del 2011, suscrito con la compañía Aer Caribe.
La Fiscalía tiene en su poder una gravísima denuncia hecha por oficiales y suboficiales activos de la Armada Nacional. En ella los uniformados detallan como funciona una mafia dentro de la institución que estaría utilizando el presupuesto en vuelos fantasmas, que se facturan falsamente porque nunca se hacen.
Los investigadores detectaron un contrato específico realizado por el comando de la Infantería de Marina, con la empresa Aer Caribe. En él se destinaban 2.616 millones de pesos (unos US$205 millones) distribuidos en 74 vuelos.
Los denunciantes acudieron a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Contraloría, porque aseguran que internamente nunca se tomaron medidas ante sus denuncias, pero sí recibieron serias amenazas. Esta es la escandalosa historia de la plata pérdida en un contrato de aviación de la Infantería de Marina con una empresa privada, revelada este miércoles por La F.m.
La historia comenzó en junio del año pasado cuando el sargento viceprimero de Infantería de Marina, Dayron Castel González, ejecutivo de contratos de la Armada, detectó que habrían serias inconsistencias en el contrato número 22 del 2011, suscrito con la compañía Aer Caribe, en junio de 2011. Según consta en documentos, en poder de LA F.m., el contrato suscrito por un valor de 2.616 millones de pesos (unos US$205 millones), tenía como objeto el transporte de personal de Infantes de Marina hacia las unidades de destino. La empresa se comprometía a prestar el servicio de 74 vuelos chárter, durante el 2011, en aviones tipo Antonov n-26 y n-32, con capacidad de transportar hasta 50 pasajeros.
Lo que encontró el sargento Castell, según las denuncias fue lo siguiente:
Revisando la facturación de la empresa Aer Caribe se mostraba escueta y poco específica, no detallaba en precisión la realización de los vuelos y los montos facturados eran exagerados. El sargento notificó a su jefe, el capitán de corbeta Diego Herrera Mariño, comandante de apoyo logístico de Infantería, para verificar con la Aeronáutica Civil, si los vuelos que se habían facturado y pagado por el estado, si correspondían a la realidad.
Después de cuatro meses de investigación, el departamento de navegación aérea, de la Aeronáutica Civil, según oficio número 4.100.106.1, del 29 de noviembre del 2012, certificó que de la lista de 74 vuelos facturados por la empresa Aer Caribe, solo 14 se habían registrado, es decir, el resto 60 vuelos no se habrían realizado, según los registros oficiales.
El oficio de la Aeronáutica dice lo siguiente: " con el personal técnico y experto en el área, se consultó a nivel nacional la base de datos del sistema alpista controlado por la Aeronáutica Civil, tomando como periodo de referencia por grupos de fechas consultadas un margen de tres días antes y tres días después de la fecha solicitada, inclusive, y en otros casos un margen hasta de 10 días. Analizada la información mediante cruce de fecha, vuelo solicitados, y la información de la base de datos históricos del sistema alpista, se concluye que aquellos vuelos que no figura en el sistema se distinguen por la sigla nfs (no figuran en el sistema) e igualmente aquellos que si figuran en el sistema se distinguen con la sigla sfs". En la tabla que entregó la Aeronáutica, tan solo frente a 14 vuelos, apareció la sigla si figuran en el sistema.
Consultados algunos expertos, explicaron que el sistema alpista consiste en el registro de cada uno de los vuelos que realizan las aeronaves en el país, con matrículas específicas, donde se detalla la fecha del movimiento de la aeronave, su aeropuerto base, pista, hora y fecha de despegue, destino, número de vuelos, y hasta los contactos con la torre de control. Esta información queda guardada en la base de datos de la Aeronáutica, a través de este sistema digital, hasta por un periodo de 10 años.
Según los investigadores, del contrato por $2.619 millones (unos US$205 millones), en realidad solo se habrían hecho vuelos, por un valor cercano a los 480 millones de pesos (unos US$38 millones). En otras palabras hay 2.130 millones de pesos (unos US$167 millones) que se habrían pagado en vuelos fantasmas. En vuelos que no se realizaron.
El cruce de información. Los investigadores hicieron el cruce de información entre las facturas y el registro de los vuelos, de la siguiente manera, por ejemplo:
La factura de Aer Caribe, número 0974 del 30 de agosto del 2011, por un valor de 269 millones (unos US$21 millones), registra 9 vuelos realizados los días 30 y 31 de agosto del 2011 de las rutas Bogotá -Cali, Cali-Guapi ( cauca) y Cali-Tumaco. Según los registros de la Aeronáutica, para esa fecha, ninguno de los cinco aviones Antonov de la empresa Aer Caribe, con matrículas hk4257, hk4422, hk4728, hk4729 y hk 4739, (que figuran en el contrato) realizaron dicha operación aérea, es decir, no cumplieron las rutas antes mencionadas y no habrían esos vuelos.
En la factura no aparecen detallados el número de pasajeros transportados, ni el número de la matrícula del avión que hizo la operación. En otro caso, la factura 0973, del primero de septiembre del 2011, por un valor de 159 millones, la empresa cobró 4 vuelos en las rutas Bogotá, Puerto Carreño, Bogotá y Bogotá Puerto Leguizamo- Bogotá, realizados el 30 y 31 de agosto.
Según los registros de la aeronáutica, tampoco se presenta registro de movimiento de esas aeronaves para ese día. También aparece la factura número 0975 del primero de septiembre del 2011, por un valor de 178 millones 500 mil pesos (unos US$39 mil); por 6 vuelos, correspondientes a las rutas Bogotá -Coveñas- Bogotá y Coveñas-Bahia Solano-Coveñas.
La Aeronáutica certificó que esos vuelos no presentan registro. Otra de las facturas, materia de investigación, es la 1139 del 2 de diciembre del 2011, por un valor de 202 millones 650 mil pesos (unos US$50 mil), por 7 vuelos, realizados en las rutas Bogotá - Cali-Bogotá; Cali-Guapi-Cali y Cali-Tumaco Cali., el día 22 y 23 de noviembre. En Aerocivil no aparecen registros de esos vuelos. Otra factura la número 1137, del 2 de diciembre del 2011, por un valor de 280 millones de pesos, por 7 vuelos realizados el día 21 de noviembre del 2011, en las rutas Bogotá-Puerto Carreño-Bogotá- y Bogotá-Puerto Leguizamo -Bogotá. En este caso también, la Aeronáutica no tiene registros.
Las denuncias. Con base en estas irregularidades, el capitán Herrera, le solicitó al mayor general Luis Gómez Vásquez, comandante de la Infantería de Marina, el día 9 de agosto, iniciar la respectiva investigación para esclarecer los hechos. Según el oficio número 312 dice lo siguiente: "me permito poner en conocimiento, posibles irregularidades detectadas por este comando, en desarrollo del contrato número 022 del 2011, y cuyo objeto fue el servicio de transporte aéreo a todo costo mediante vuelos charter.... Siendo nuestra obligación legal en calidad de servidores públicos, se da traslado a las autoridades competentes; a la Procuraduría, Fiscalía, Contraloría general y demás entes de control, que en su resorte tengan abocar conocimiento sobre lo que se concluya. Y continúa el oficial diciendo lo siguiente: "me permito relatar algunas gestiones que podrían erigirse como de detraimiento patrimonial contra el Estado”.
"Se adelantaron indagaciones con la autoridad Aeronáutica competente, concluyéndose que presuntamente algunas órdenes de suministro facturadas y recepcionadas en ejecución del contrato, no evidencian registros de vuelo, de acuerdo con el programa alpista, así como la ausencia de algunos planes de vuelo. "a los anterior, se oficia al contratista Aer Caribe , a fin de que allegara los soportes que evidenciaran el cumplimiento idóneo y oportuno del objeto contratado, frente a lo cual el contratista argumentando razones de seguridad, y por ende, desconociendo la calidad, responsabilidad y autoridad de este comando como delegatario y contratante, solicita se surta el requerimiento ante su despacho", dice el oficio firmado por el capitán Herrera.
Según la denuncia en poder de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, después de dos meses de poner estos hechos en conocimiento del general Gómez, no se habría tomado ninguna acción. Por tal motivo, dice el sargento Castel y el capitán Herrera, tuvieron que recurrir a instancias del mando superior de la Armada. Fue así, como el comandante de la Armada, almirante Roberto García, los atendió en el mes de octubre y después de una amplia explicación de los hechos, ordenó al inspector de la Armada, vicealmirante Luis Alberto Ordoñez, realizar las respectivas investigaciones.
El inspector delegó al auditor legal de la Armada, William Cañón Velandia, para que verificara las denuncias. La aeronáutica Civil, en noviembre pasado le certificó en forma detallada, que de acuerdo con el contrato de Aer Caribe, número 022, de los 75 vuelos facturados, tan solo aparecen en sus registros 14 confirmados con soporte del programa alpista. Dicen los denunciantes, que no obstante, pese a las graves evidencias, la Armada, hasta la fecha, no ha dado traslado a los entes de control, para que realicen las respectivas indagaciones.
Dice uno de los denunciantes: "hay mucha gente involucrada en este tema. Hay que tener en cuenta, que solo se ha revisado un contrato correspondiente al año 2011, pero se tiene información de que esta empresa viene contratando con la armada nacional desde hace aproximadamente 10 años, de ahí se desprende que son muchas las personas, entre ellas oficiales y suboficiales, que tienen que dar una explicación sobre el manejo de los millonarios recursos del estado".
El sargento Castel, dice en sus denuncias, que fue citado a una reunión al despacho del comandante de Infantería de Marina, mayor general Luis Gómez Vásquez donde, según sus palabras, fue recriminado por estar realizando las investigaciones relacionadas con los vuelos charter. Dice el sargento: " me manifestó su inconformismo con el tema de la investigación sobre el contrato del vuelo charter, contrariado me reclamó el porqué había llegado este tema hasta las instancias del comando de la armada, procediendo a acusar que nuestra conducta era desleal, refiriéndose al capitán Herrera, incriminándonos que nos habíamos extralimitado en el ejercicio de nuestras funciones, que nosotros no teníamos nada que andar haciendo averiguaciones acerca del tema". También dice el sargento que el general lo amenazó con abrirle una investigación disciplinaria y penal.
Las explicaciones del contratista. En medio de las investigaciones, el capitán Herrera le envió al contratista, en seis ocasiones, oficios solicitándole explicación detallada sobre la relación de los vuelos facturados. La respuesta del contratista Aer Caribe, con fecha del 24 de julio del 20012, fue la siguiente:
"una vez recibida la comunicación mencionada, específicamente sobre la cantidad de carga , material o personal transportada y en general con la información de los vuelos por usted requerida, me permito informar que el comando de Infantería de Marina, como unidad ejecutora, lleva el control de todo lo transportado en los vuelos efectuados por nuestra compañía, en observancia a que se trata de operaciones militares que requieren confidencialidad y reserva en la información, por consiguiente, cualquier información sobre dicha documentación deberá ser solicitada al comando de infantería".
Las amenazas. En las denuncias tanto el sargento Castel como el capitán Herrera, aseguran que una vez iniciaron las investigaciones han sido víctimas de graves amenazas en contra de sus vidas. Dicen que han recibido llamadas en donde los intimidan y les ordenan parar con las investigaciones, porque si no pueden tomar acciones contra ellos.
Dicen los uniformados, que lo extraño de este caso, es que después de adelantar las averiguaciones, extrañamente fueron trasladados de la oficina de contratación.
