La crisis generada por la reforma a la justicia, hundida ayer por el Congreso, pasó cuenta de cobro.

La imagen del presidente Juan Manuel Santos cayó drásticamente y según una encuesta de la firma Gallup, la opinión favorable del primer mandatario se ubica hoy en el 48%, lo que implica una reducción de 16 puntos con respecto a la registrada hace dos meses. Pero además, el optimismo de los colombianos también decayó y ahora el 54% creen que las cosas en el país están empeorando, frente a un 30% que opinan que mejoran.

Pero la imagen del primer mandatario no fue la única golpeada. La desfavorabilidad del Congreso llegó al 69%, la de los partidos al 73% y la de las cortes se derrumbó al 70%.

La encuesta fue realizada entre el 21 y el 27 de junio, los días claves en el escándalo por los ‘micos’ que se le metieron a la reforma judicial en la etapa de conciliación y que, de hecho, generaron una gran movilización de rechazo ciudadano.

Lo claro, según el analista Alfredo Rangel, es que el “peloteo de responsabilidades y el lavatorio de manos de unos y otros han sido inaceptables para la opinión publica, que les está cobrando duro a todos los involucrados en los hechos”.

Lo que mal comienza, mal termina. Así se puede resumir la historia de la hundida reforma a la justicia que, entre otras cosas, buscaba el equilibrio de las ramas del poder público, pero que terminó en un innegable resquebrajamiento de las relaciones entre los diferentes poderes del Estado. Prueba de ello fue la rechifla que recibió el ministro del Interior, Federico Renjifo, en la plenaria de la Cámara. Tan evidente fue la molestia, que Renjifo tuvo que abandonar el atril sin musitar palabra. Santos también fue chiflado en Corferias, cuando asistía a la feria tecnológica más grande del país (Campus Party) y mientras le adecuaban los equipos de sonido para un discurso que no dio.

Desde que la reforma fue radicada por el entonces ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, y el hoy saliente titular de la cartera de Justicia, Juan Carlos Esguerra, no tuvo buena acogida. De inmediato los representantes de las altas cortes se marginaron del debate y fue ahí cuando el Gobierno pecó. Por tratar de encarrilar la reforma hizo concesiones a los magistrados y congresistas que terminaron por convertir el proyecto, a juicio del presidente Santos, en una iniciativa “llena de ‘micos’ inconstitucionales e inaceptables”.

Precisamente el texto final del proyecto generó la decisión del primer mandatario de objetarlo, convocar a unas cuestionadas sesiones extraordinarias y pedir su hundimiento. El Congreso cumplió con su parte: la plenaria de la Cámara hundió la iniciativa con una votación de 117 a favor y cero en contra, mientras que en el Senado el resultado fue de 73 a favor y cero en contra. Se selló así el décimo intento de reformar la justicia.

Ahora, además de Santos, el Congreso ve cómo esta nueva frustración refuerza el estigma de ser un ente paquidérmico, que no estuvo a la altura exigida por la responsabilidad y se dedicó a legislar en causa propia. Por eso, la discusión del hundimiento de la iniciativa en las plenarias de Senado y Cámara fue ayer un memorial de excusas de los parlamentarios que advirtieron que el Gobierno también tenía una importante cuota de responsabilidad en el fracaso.

Así lo hicieron los conciliadores, principales señalados de los ‘micos’ incluidos a última hora, quienes afirmaron casi al unísono: “El Gobierno sabía lo que habíamos conciliado; tuvieron el documento de la conciliación durante más de 17 horas y Esguerra estuvo de acuerdo con todo el contenido. Ahora viene a lavarse las manos”.

La molestia es tal, que ya se habla de crisis en la Unidad Nacional. Así lo reconoce el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, quien afirmó que antes de que inicie la legislatura, el 20 de julio, “debemos reflexionar en las relaciones con el Gobierno. Esa confianza legítima que existía se ha deteriorado; hay temas como la reforma tributaria que salieron heridos de muerte. El Gobierno tendrá que mirar cómo reconstruye una confianza que está embolatada”.

El senador Roy Barreras, quien tendrá que presidir el Senado en la próxima legislatura, reconoció la fractura y advirtió que “en este episodio se ha demostrado que hay un gran problema en el que florece la desinformación. Acá no hay comunicación entre el presidente y las bancadas, y no son pocas las quejas de los parlamentarios que se enteran de las políticas públicas por los titulares de prensa”.

El rechiflado ministro del Interior, Federico Renjifo, señaló que “es una circunstancia difícil para el Gobierno y para el Congreso. Mi tarea, de acá al 20 de julio, es tratar de reconstruir lo que sea necesario para que la Unidad Nacional opere como debe ser. Vamos a recomponer las relaciones”.

Además del fracaso en el trámite de la reforma y el resquebrajamiento de la Unidad Nacional, la principal preocupación es la imposibilidad de corregir los errores estructurales de la justicia. El país tendrá que seguir conviviendo con una Comisión de Acusación incapaz de emitir sentencia en más de 20 años de existencia y un Consejo Superior de la Judicatura salpicado de escándalos de corrupción; además, no se dispondrá del anhelado presupuesto para el funcionamiento de la rama y continuará habiendo municipios donde la justicia es una utopía. Y las posibilidades de una nueva reforma son prácticamente nulas.

Al presidente le tocará ahora trabajar duro para recomponer las relaciones con el Congreso, más aún cuando en la próxima legislatura se abordarán asuntos fundamentales, como las reformas tributaria y pensional. Y sí que le tocará emplearse a fondo para frenar la caída en su imagen, sobre todo cuando la posibilidad de la reelección sigue latente y, cimentadas en el tropiezo de la reforma a la justicia, se siguen escuchando voces que quieren abrirle paso a una incierta asamblea constituyente.

Consejo Superior de la Judicatura. Quizás la corporación más desprestigiada de la Rama Judicial es el Consejo Superior de la Judicatura. Institución encargada de administrar los recursos de la justicia y que para muchos se ha convertido en el botín burocrático de los congresistas.

La eliminación de dicha corporación era uno de los puntos de honor del gobierno Santos. Un pulso que no había sido fácil, pero que al final el Ejecutivo se anotó. Aunque con el reversazo del Gobierno al acto legislativo de reforma a la Rama Judicial la administración de la justicia seguirá rigiéndose por las decisiones que se tomen en el Consejo Superior de la Judicatura, e incluso algunos magistrados ya avisoran una revancha por parte de los miembros de esta corporación que estuvieron al borde de la extinción.

Comisión de Acusación. Entre las muchas cosas que el país pedía de una reforma a la justicia estaba la eliminación de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, corporación que tiene una histórica deuda con el país y que al sol de hoy mantiene más de 1.200 procesos represados.

Entre los pocos elementos positivos de la difunta reforma se encontraba la eliminación de la tristemente célebre ‘comisión de absolución’. Sin embargo, el gobierno Santos y el Congreso de la República perdieron la oportunidad histórica de ponerle fin a una comisión que sólo desprestigia el oficio parlamentario y le da elementos de juicio a quienes piensan que en este país la ley es sólo para los de a pie. De esta manera, la Comisión de Acusación seguirá funcionando y, más que funcionando, seguirá siendo el ente investigador de los aforados constitucionales que nunca conocerán una condena.

Financiación y cobertura. Para algunos entendidos en la materia, de las pocas cosas buenas que tenía la reforma a la justicia era un incremento de $2 billones para la modernización y el equipamiento de las oficinas de los jueces.

Este monto era anexo al presupuesto ordinario que le sería designado a la rama. Por otra parte, el proyecto de acto legislativo, que se hundió ayer en el Congreso, establecía que todos los municipios, por alejados que estuvieran, contarían con un juzgado y todos los departamentos con un tribunal regional. Sin embargo, el sueño de tener una Rama Judicial financiada, moderna y con la cobertura mínima para llegar a todas las gentes del país, fue sólo eso: un sueño, que seguirá siendo una pesadilla para los jueces regionales y para los ciudadanos que seguirán viendo en la justicia un lejano puerto.

Una justicia descongestionada. Sin duda el gran drama que vive la justicia es la indomable congestión de los despachos. El proyecto de reforma a la justicia incluía varias disposiciones que contribuían a solucionarlo. Entre ellas, la que le entregaba funciones jurisdiccionales a empleados de la rama, una propuesta que causó roncha en magistrados y políticos que argumentaron que se estaba violando la independencia de la rama.

Sin embargo, esta era, como lo dijo en más de una ocasión el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, la espina dorsal de la descongestión de la rama. A su vez, el fiscal general de la nación, Eduardo Montealegre, resaltó de dicha reforma el artículo que establecía sanciones “severas” a los funcionarios de la Rama Judicial que incurran en mora en la resolución de procesos. Otra deuda que quedó sin saldarse.