Bogotá. Colombia lanzó este martes un plan que busca extinguir el narcotráfico en tres años y desarticular a grupos armados ilegales y a delincuentes, con miras a consolidar un clima de paz que impulse el desarrollo de la economía.

El plan de seguridad, el primero anunciado por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, será financiado con recursos del presupuesto de la nación que no fueron detallados, mientras disminuye progresivamente la ayuda contra el narcotráfico que ha dado Estados Unidos a uno de los mayores productores mundiales de cocaína.

La Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad es una actualización de la ofensiva militar que lanzó en el 2002 el ex presidente Alvaro Uribe contra la guerrilla y el narcotráfico, que obligó a los rebeldes a replegarse en apartadas zonas montañosas y selváticas.

Ayuda de EE.UU. Muchos de los éxitos en esa ofensiva se lograron con la ayuda de Washington, que desde el año 2000 y bajo el Plan Colombia -un agresivo programa de fumigación de cultivos de hoja de coca-, ha entregado a Bogotá más de US$5.000 millones en asistencia militar y social.

Importantes comandantes guerrilleros fueron eliminados en bombardeos y otros miles de combatientes desertaron.

Aunque no existe por ahora un diálogo de paz con las FARC ni con el ELN y el gobierno de Santos mantiene la ofensiva militar contra los rebeldes, mejores condiciones de seguridad han permitido un crecimiento sostenido de la economía apoyado en la explotación petrolera y minera en zonas que antes controlaban esos grupos armados ilegales.

El nuevo plan incluye un componente militar y otro social que pretende que en el país sudamericano no existan regiones críticas por la presencia de guerrilleros izquierdistas, bandas criminales conformadas por antiguos paramilitares de ultraderecha y cárteles de las drogas.

"Con una combinación de esfuerzos aumentados en inteligencia, acción integral, operaciones sostenidas y fortalecimiento institucional, el sector defensa se ocupará a fondo en acabar con las organizaciones ilegales, identificar y extinguir sus fuentes de financiación", dijo el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, al presentar el plan.

Aunque las condiciones de seguridad mejoraron después de que el país fue considerado como un Estado fallido a finales de la década de 1990 por la capacidad militar de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del más pequeño Ejército de Liberación Nacional (ELN), los rebeldes aún mantienen presencia y capacidad militar en varias zonas.

Seguridad y economía. Los grupos armados ilegales están activamente vinculados con el narcotráfico, pese a que el área sembrada con hoja de coca y la capacidad de producción de cocaína se ha reducido gradualmente por la agresiva campaña de fumigación y erradicación de plantíos.

Colombia, con más de 44 millones de habitantes, exportador de petróleo, carbón, café, flores y banano, afronta un conflicto interno desde hace más de cuatro décadas que ha cobrado miles de vidas.

Aunque no existe por ahora un diálogo de paz con las FARC ni con el ELN y el gobierno de Santos mantiene la ofensiva militar contra los rebeldes, mejores condiciones de seguridad han permitido un crecimiento sostenido de la economía apoyado en la explotación petrolera y minera en zonas que antes controlaban esos grupos armados ilegales.

El gobierno reconoció que las bandas criminales emergentes (Bacrim), conformadas por antiguos paramilitares, se convirtieron en una amenaza para la seguridad y se comprometió a combatirlas.

"Inteligencia y acción policial especializada estará dedicada a desarticular las BACRIM. El sector defensa y seguridad trabajará con el empeño de terminar con estas organizaciones y que al finalizar el Gobierno ya no sean una amenaza para la seguridad", precisó el documento.

El gobierno se comprometió con el plan a combatir los homicidios, los robos, los secuestros y la extorsión en las ciudades, problemas de inseguridad que aumentaron al parecer por acciones de antiguos miembros de la guerrilla y de los paramilitares por fallas de programas de resocialización.

Para lograr ese objetivo pretende aumentar el número de policías en las ciudades y desarrollar planes de seguridad con la colaboración de la ciudadanía.