En momentos en que el presidente Juan Manuel Santos realiza un consejo de ministros en Toribio (Cauca) por la escalada de ataques guerrilleros, un informe del Centro Seguridad y Democracia de la Universidad Sergio Arboleda revela que al término del primer semestre de 2012, la situación de seguridad nacional se sigue deteriorando.

Según el documento, aun cuando se ha reducido el ritmo de deterioro de algunos indicadores, la tendencia general es a un “agravamiento de la inseguridad debido a la persistencia del rebrote violento de la guerrilla”.

El informe advierte que a diferencia de los primeros meses del año, cuando la Fuerza Pública tuvo que soportar un inusitado incremento de los ataques de los grupos guerrilleros, al término del primer semestre los más afectados por el incremento de las acciones terroristas han sido los civiles.

No obstante, los ataques contra la Fuerza Pública se han recrudecido con virulencia en las primeras semanas de julio.

Asimismo, el número de acciones de sabotaje contra la infraestructura nacional en el primer semestre del año ha sido el más alto de los últimos cinco años: creció un 22% con relación a 2008, un 175% frente a 2010 y un 6% por ciento con relación al año anterior. El sector más afectado ha sido el petrolero que desde el 2010 padece un incremento constante de acciones terroristas en su contra.

El análisis señala también que los retenes ilegales de la guerrilla se han multiplicado en el territorio nacional.

Con relación al primer semestre del año pasado, se incrementaron este año en un 200%o, siendo el más alto número de los últimos cinco años.

En resumen, cada 3,7 días hay un retén ilegal de significación en algún lugar de la geografía nacional, aunque estos se concentran en los departamentos de Norte de Santander, Nariño, Meta, Cauca, Antioquia y Arauca. Pero también se ha presentado en Valle, Guajira, Risaralda, Caquetá, Chocó y Tolima.

La conclusión del estudio es que el incremento de estas reteneciones es un síntoma inequívoco de la expansión de la presencia guerrillera en el país, del aumento de su capacidad de atemorizar y controlar a la población, y de la merma en la capacidad de neutralización de estas acciones por parte de la Fuerza Pública.