Bogotá. Culpables de los hechos de corrupción que envolvieron gran parte de la contratación de obras viales en el Distrito se declararon Miguel, Manuel y Guido Nule, tras aceptar el más grave de los cargos que le imputó la Fiscalía ante el Juez cuarto penal con Funciones de Control de Garantías, Juan Pablo Lozano.

Gracias a su confesión, recibirán un beneficio que podría llevarlos a rebajas de hasta la mitad de la pena, como lo explicó el fiscal y lo recordó el propio juez Lozano; el fruto de este primer reconocimiento de su accionar delictivo, llevaría a los hermanos Manuel y Miguel a librar una condena de hasta 15 años, en tanto que a su primo Guido le significaría solo cinco años de prisión.

Igual suerte correría el contratista Mauricio Galofre, quien al acogerse al más lesivo de los punibles que en su contra le endilgó el ente acusador, podría tener una condena máxima de hasta cinco años.

Tanto los Nule, como el contratista Galofre aceptaron los cargos por peculado por apropiación, el más grave de los que se les imputaron, pero se declararon inocentes de concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento privado, fraude procesal y cohecho.

En su investigación, el fiscal Pabón concluyó que las empresas del grupo económico manejaban negocios entre sí para proveerse de momentánea liquidez y presentarse así como los candidatos idóneos a hacerse a los contratos del distrito.

En su propósito de mantener esa inverosímil estabilidad financiera, dice Pabón, los Nule adulteraban los balances financieros, igual que lo hacían con los del carácter técnico, manteniendo así la imagen imponente de sus firmas y escondiendo la necesidad de capital en dinero de la que padecían.

Al parecer, los imperiosos requerimientos de fluidez los llevaron a solicitar ampliaciones cada vez más frecuentes de los anticipos, como sucedió en el contrato de la Fase Tres de Transmilenio, que le valió un anticipo de 85.000 millones de pesos que, aparentemente, no fue invertido en la ejecución de la obra, cuyo costo superaba los 315.000 millones.

La aseguradora del contrato, Segurexpo S.A., se vio forzada a cancelar la totalidad de la póliza de incumplimiento por 69.000 millones de pesos, ante la inmovilidad de las obras sobre la Avenida Eldorado.

Ese mismo proceder, dice el ente acusador, les permitió hacerse a la concesión del convenio para el mantenimiento de la malla vial en el suroccidente de Bogotá, a través de la Unión Temporal GTM, por más de 87.300 millones de pesos. Allí se autorizaron adiciones presupuestales por 5.000 millones y 938 más, autorizadas tras la simple sugerencia de los empresarios, concluyó el fiscal.

Supuestamente, en la ejecución de esa obra hubo un gasto superior a los 15.000 millones de pesos que no fue respaldado por las respectivas justificaciones en comprobantes de egresos.

Según Pabón, hubo un segundo contrato cedido por el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, para la adecuación de la maya vial, que tenía un valor superior a los 100.000 millones de pesos. La Unión Temporal Vías de Bogotá fue el oferente ganador en este caso, que también habría estado plagado de irregularidades.

En medio de la ejecución del convenio, se produjeron contrataciones de dos agentes interventores por 8.000 y 8.500 millones de pesos en las que figuraba como contratista el mismo gerente de la firma ejecutora del convenio. Mauricio Galofre figuraba como representante legal en los tres casos, lo que significa que los Nule eran fiscalizadores de su propia obra, señala la Fiscalía.

El investigador indicó que los tratos preferenciales que recibieron los empresarios en estos procesos contractuales estuvo mediada por las dádivas que ofrecieron o que prometieron entregar a numerosos funcionarios del Distrito, como el caso del exdirector técnico del IDU Inocencio Meléndez, quien al paracer exigió 4.500 millones de pesos a cambio de favorecerlos.

El fiscal explicó que tiene cómo documentar la entrega de 50 millones de pesos al exfuncionario en el marco de este compromiso, que aparentemente también prometía la entrega de 150 millones más, un apartamento y un automóvil.

Se espera que el grupo de empresarios revele qué otros funcionarios estatales fueron tentados con estos ofrecimientos, para contribuir al billonario detrimento que sufrió la ciudad con estos contratos.