Bogotá. Colombia no logró aprobar este domingo siete medidas para combatir la corrupción en una consulta popular que buscaba bajar los salarios de los congresistas, establecer un límite de 12 años para los cargos de elección popular y endurecer los castigos a los deshonestos.

La consulta no alcanzó el número de sufragios necesarios para que fuera aprobada. De acuerdo con la legislación, requería una participación de una tercera parte del censo electoral de 36,4 millones de personas, es decir 12,1 millones de votos.

"Desafortunadamente el número de votos no alcanzó el umbral de participación que la ley estipula", dijo en una alocución por radio y televisión el presidente Iván Duque.

Según la Registraduría, sólo participaron 11,6 millones de electores. Aunque la consulta no alcanzó el umbral, cada propuesta logró el respaldo del 99% de quienes participaron en la votación.

"Nos faltaron cinco centavos, pero aquí hubo una zarandeada para la clase política tradicional, la ciudadanía quiere un cambio real y genuino en las prácticas políticas", declaró a periodistas la senadora del Partido Alianza Verde Angélica Lozano, una de las promotoras de la consulta.

"Nos faltaron cinco centavos, pero aquí hubo una zarandeada para la clase política tradicional, la ciudadanía quiere un cambio real y genuino en las prácticas políticas", declaró la senadora Angélica Lozano.

La legisladora anunció que este martes presentarán al Congreso siete proyectos de ley con las propuestas que no alcanzaron el umbral de votación, para que sean tramitadas y aprobadas en el legislativo.

La seguridad del país mejoró en los últimos años por un acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC, lo que permitió a los colombianos dirigir su atención a los casos de corrupción que incluyen sobornos para obtener contratos públicos, el robo del presupuesto de la salud y la educación, así como la compra de votos y de fallos judiciales.

La corrupción le cuesta al país anualmente unos 50 billones de pesos (alrededor de US$17.000 millones), equivalente a un 5,3% del Producto Interno Bruto, según la Contraloría General.

Alta abstención. Aunque los colombianos se quejan de la corrupción y de sus dirigentes políticos, no acudieron a las urnas en masa a respaldar la consulta que contaba con el apoyo del presidente Duque, así como de partidos de izquierda y de centroderecha.

Colombia tiene una de las democracias más antiguas de América Latina, pero registra históricamente una elevada abstención porque el voto no es obligatorio.

Pese al traspié de los promotores de la iniciativa, el gobierno de Duque también busca la aprobación en el Congreso de varios proyectos de ley para castigar con penas efectivas de cárcel para los delitos de corrupción y fijar un límite de 12 años a los cargos de elección popular.

"No más corrupción. La lucha contra los corruptos no es de un día ni se acaba hoy. Unidos derrotaremos a los saqueadores de los recursos públicos. Juntos construiremos el futuro que Colombia se merece", dijo el presidente quien pidió al Congreso aprobar rápidamente los proyectos anticorrupción.

 

Varios miembros del Partido Centro Democrático, de gobierno y que llevó a Duque a la presidencia, no respaldaron la consulta, incluido el mentor del mandatario, el expresidente y actual senador Álvaro Uribe.

El ex mandatario, cuyo gobierno fue salpicado por escándalos de corrupción, es investigado por la Corte Suprema acusado de sobornos y de manipular testigos en un proceso por supuestos vínculos con escuadrones paramilitares de ultraderecha.

Si la consulta hubiera conseguido los votos para ser aprobada, las normas habrían debido ser incorporadas a la ley por el Congreso dentro de un año o ser implementadas a través de un decreto presidencial.

La consulta pretendía reducir los salarios para los legisladores y limitarlos al equivalente de 25 sueldos mínimos, US$6.552. Los legisladores ganan US$10.500 al mes, en comparación con un salario mínimo de US$262 que devenga un trabajador.

Otras preguntas de la fallida consulta incluían la prohibición de sentencias alternativas como el arresto domiciliario para los condenados por corrupción y una medida que obligaría a los funcionarios electos a publicar sus declaraciones de impuestos.