El gobierno reiteró el ofrecimiento de una recompensa de hasta $100 millones (cerca de US$45 mil) por información que permita dar con el paradero del General Rubén Darío Alzate Mora; el Capitán Jorge Rodríguez Contreras y la abogada Gloria Urrego, secuestrados el domingo por guerrilleros del Frente 34 de las FARC, cuando se encontraba en el caserío Las Mercedes, ubicado a orillas del río Atrato.

El jefe de la cartera de la Defensa señaló que cualquier información es clave para lograr el rescate de estas tres personas, que según confirmaron las FARC, están en poder del Bloque Iván Ríos, al considerar que se trataba de "personal militar enemigo que se mueve en ejercicio de sus funciones en área de operaciones de guerra".

Pinzón advirtió que se intensificarán las operaciones desplegadas a los largo del departamento del Chocó, donde fueron desembarcados cerca de 500 militares de Fuerzas Especiales que hacen un barrido por tierra y aire en busca del general y sus dos acompañantes.

Ante los rumores de una posible liberación, el funcionario prefirió ser prudente, sin embargo descartó esa posibilidad y reiteró el deseo del gobierno y todos los colombianos de que estas tres personas sean liberadas.

Respecto a las circunstancias en las que se presentó el plagio, Pinzón declaró que aún no es claro ese escenario y espera que al regreso del general se puedan despejar las dudas sobre su presencia en una zona remota del departamento del Chocó afectada por el conflicto armado, vestido de civil, desarmado y sin avisar a las autoridades, en contravía a los protocolos de seguridad.

Al parecer, el general Alzate acudió el domingo hasta allí, junto Rodríguez y Urrego, en una pequeña barca sin escolta, por motivos poco claros, aunque la versión oficial apuntó que viajaron a la zona para la "implementación de programas sociales para la comunidad".

Por último, el funcionario espera que muy pronto se produzcan resultados de las intensas labores de búsqueda que las Fuerzas Militares adelanta en la zona en la que fue visto por última vez el comandante de la Fuerza de Tarea Titán.

Por lo pronto el departamento del Chocó seguirá militarizado hasta que se logre la liberación o rescate del oficial de más alto rango secuestrado por las FARC, pues el general de la Policía Luis Herlindo Mendieta, que fue hecho cautivo por esa guerrilla en 1998 y liberado doce años más tarde, era entonces coronel y fue ascendido a general durante su secuestro.

Ante la crisis que ha provocado este suceso en la mesa de negociación, las FARC reiteraron su voluntad de "seguir trabajando por la paz" y reanudar las negociaciones lo antes posible "para avanzar sin sobresaltos hacia el acuerdo final".

El gobierno condiciona el reinicio de las conversaciones a la liberación de los secuestrados, algo que, según Catatumbo, no depende de la delegación de paz, sino de la dirigencia de las FARC en Colombia que tiene el “mandato de la conducción de la guerra".