Bogotá, EFE. El fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, afirmó en una entrevista con Efe que un acuerdo entre el gobierno y las FARC obligará a crear un escenario jurídico que incluiría desde la excarcelación de presos hasta penas suspendidas para los líderes guerrilleros condenados por delitos graves.

Esas medidas de impunidad implicarían que la Corte Penal Internacional (CPI) mire a Colombia de forma "excepcional" porque, según Montealegre, "hay que buscar un equilibrio entre el deber de investigar y acusar de graves violaciones de los derechos humanos con los derechos que tienen los estados a la consecución de la paz".

La CPI es un tribunal internacional, nacido del Estatuto de Roma, que juzga delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra cuando la justicia de un país no actúa de forma conveniente.

El fiscal reclamó ese necesario equilibrio y explicó que, para establecer pautas de justicia transicional, Colombia ya tiene un Marco Legal para la Paz aprobado por el Congreso.

Bajo ese escenario, la justicia colombiana se centrará en "investigar, acusar y llevar a juicio" a los "máximos responsables" de la guerrilla, sin descartar que lleguen a ser acusados de "delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra".

Esa acción de la justicia es "perfectamente compatible con los deberes que surgen del Estatuto de Roma y la CPI", según Montealegre, por eso la Corte Penal Internacional no tendría motivos para intervenir en Colombia ante decisiones que impliquen cierta impunidad.

Entre el abanico de posibilidades, de firmarse la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), está la excarcelación de los presos e incluso juzgar a los líderes subversivos por delitos graves para luego suspenderles las condenas.

Si se llegara a demostrar que se han registrado crímenes de lesa humanidad o de guerra, a los responsables se les prohibiría su participación en la política, pero eso no quiere decir que vayan a ir a la cárcel, ya que se les podría aplicar una "suspensión condicional de las penas una vez impuestas".

Aún no está definido quienes serían los "máximos responsables" que pagarían por el medio siglo de violencia que ahoga a Colombia, pero el fiscal dijo que podrían ser unos 150, entre miembros del Secretariado y jefes de bloques o frentes.

Con el resto de desmovilizados cabe la posibilidad de que se aplique el principio de oportunidad, es decir, la renuncia a la acción penal, ya que, según Montealegre, las experiencias internacionales "han demostrado que no se pueden investigar todos los autores y todos los delitos cometidos en conflictos armados".

Todo dependerá, matizó, de que el gobierno y las FARC lleguen a un acuerdo en Cuba, donde negocian la paz desde noviembre pasado, y de que "la insurgencia colombiana deje las armas, libere a los secuestrados, deje de reclutar a niños y contribuyan a la verdad y a la reparación de las víctimas".

Luego la Fiscalía tendrá que demostrar si la guerrilla ha cometido delitos de máxima gravedad, ya que por ahora ningún miembro de las FARC ha sido condenado por crímenes de guerra.

La razón de esa ausencia de sentencias, explicó Montealegre, está en que "ha habido un mal enfoque en la investigación penal colombiana".

Y es que se han juzgado los casos como fenómenos independientes sin "un enfoque que permita la asociación de casos" para "establecer si se trata de un ataque generalizado y planificado contra la población civil", matizó.

El año pasado, la Fiscalía creó una unidad, con "una nueva metodología", que está "haciendo una asociación entre casos", herramienta que ahora permitirá establecer si hubo o no planificación contra los civiles.

En cuanto a los más de 3.000 rebeldes encarcelados, de ellos el 70% de las FARC, según datos oficiales, "la Constitución ya consagró un marco que permite que el Congreso pueda autorizar una excarcelación de todos los guerrilleros que están detenidos en el caso que no sean considerados como máximos responsables", adelantó Montealegre.

"Existe la posibilidad también de concederles una libertad inmediata en la base de la superación del conflicto armado colombiano, reparación y verdad para las víctimas", concluyó.