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Colombia: proceso de negociaciones con las FARC arranca en septiembre
Martes, Septiembre 4, 2012 - 07:07

Humberto de la Calle Lombana sería el jefe del equipo de negociadores del gobierno. Fin del narcotráfico y la posibilidad de un mínimo de cárcel, los temas más sensibles por definir.

La expectativa creada alrededor de los contactos exploratorios para la paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC tiene a todos los sectores exteriorizando opiniones o pidiendo un espacio en las eventuales mesas de negociación.

Sin embargo, el presidente Juan Manuel Santos, quien en últimas tiene las llaves para abrir esa anhelada senda, se apresta a revelar sus primeras cartas, con un nombre que ya circula como el casi fijo supranegociador del Estado: el ex ministro y ex vicepresidente de la República Humberto de la Calle Lombana.

Sus antecedentes como ministro de gobierno en la era Gaviria, con un papel esencial en las relaciones con la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 o su desempeño en la misma cartera en la era Pastrana, le otorgan una ascendente importante en la tarea de buscar consensos. Es de origen liberal, tiene capacidad para aglutinar y convocar a la clase política y no genera reticencia entre los más acérrimos opositores del eventual proceso de paz. De la Calle se desempeñaría como una especie de jefe del equipo negociador del gobierno.

Con él estarían inicialmente el asesor presidencial Sergio Jaramillo, el ex ministro Frank Pearl y el consejero para la Reconciliación, Alejandro Éder. De prosperar las primeras conversaciones, con el curso del tiempo se vincularía el nuevo ministro de Ambiente, Juan Gabriel Uribe, quien ya tuvo un papel similar durante las negociaciones de paz en el gobierno Pastrana.

Por su filiación conservadora y sus antecedentes en el tema de la paz, sería otra de las personalidades listas para contribuir a los diálogos con la guerrilla de las FARC.

¿Cuándo comenzarían dichas negociaciones? Durante la posesión de los nuevos miembros de su gabinete Santos reveló ayer algunos detalles. Según él, el proceso “se debe iniciar en unas semanas”. No serían más de cuatro, según le dijeron a este diario fuentes cercanas a la casa de Nariño. Y de una vez, el presidente les recordó a sus entrantes ministros la obligación de acompañar la iniciativa para “buscar la paz de este país”.

Los temas sensibles. No obstante, y sin que se den aún los anuncios oficiales sobre el grupo de negociadores, ya hay dos temas que preocupan a las partes. El primero es el narcotráfico. Para nadie es un secreto que hoy algunos de los frentes de las FARC están dedicados a procesar coca o a cuidar laboratorios.

Esta faceta es incompatible con una mesa de negociación. En tal sentido, se requiere que las FARC definan su desvinculación absoluta de este negocio ilícito o se busque la manera de contribuir a la erradicación de los cultivos ilícitos.

El otro punto crítico de entrada, en caso de prosperar una negociación, es el alcance de la justicia transicional. A pesar de que el aprobado Marco para la Paz le dio un blindaje a un eventual diálogo con los grupos ilegales, de antemano la guerrilla de las FARC le ha hecho saber al Estado que si la propuesta tiene que ver con cárcel, no le juegan.

El problema es que, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, no pueden quedar impunes aquellas conductas atribuibles a crímenes de guerra o a crímenes de lesa humanidad.

Buscar el termino medio sería dar con una fórmula eficaz, pero el antecedente de las negociaciones entre el ex presidente Uribe y las autodefensas, que terminaron con el encarcelamiento y la extradición de los principales jefes paramilitares, constituye un referente negativo.

De todos modos, lo que se advierte de las FARC en la actual coyuntura es que, más allá del modelo de justicia transicional a implementar, sí existe un interés de la organización de avanzar rápidamente y en lo posible entrar a jugar en la actividad política.

Es más, si las conversaciones se formalizan en Oslo (Noruega) a partir de octubre, la idea de las Farc es participar en la vida electoral. Y la plataforma inicial serían distintas expresiones ciudadanas como los sindicatos, los indígenas o la misma Marcha Patriótica. Obviamente, de concretarse una opción en tal sentido, ya existe un sector adverso: los militares retirados, quienes a través de la Acore hicieron saber que no quieren terroristas ejerciendo cargos de poder y militares condenados y confinados en las cárceles del país.

Pero no sólo los ex militares ven con malos ojos el paso franco de los guerrilleros a la actividad política.

De manera expresa en su última declaración señalaron que tiene que existir un cese al fuego unilateral por parte de la guerrilla, condicionándola a que además de no incurrir en prácticas violentas, se le impida la utilización del movimiento Marcha Patriótica como brazo político de la organización. Es más, plantean que mientras no se llegue a un acuerdo final de suspensión del conflicto armado, este movimiento debería ser liquidado.

No es pues un asunto fácil, y mucho menos cuando también se sabe que en algún momento las FARC van a pedir la repatriación de Simón Trinidad y Sonia, así como la prohibición de la extradición de jefes guerrilleros.

Otro escenario muy complejo de solucionar, porque requiere el concurso de la comunidad internacional para buscar una fórmula viable. Es ahí donde el nombre de la excandidata presidencial Íngrid Betancourt podría figurar como conexión para solucionar casos de mandos medios de las FARC.

Y mientras el gobierno ajusta sus planes, la guerrilla tiene los suyos. Por ahora se advierte que si bien alias El Médico, Rodrigo Granda o Marcos Calarcá serían los primeros voceros de las FARC, los verdaderos negociadores en el caso de que prosperen los diálogos serían Pablo Catatumbo, Iván Márquez y Timochenko. Junto a ellos, Fabián Ramírez y Joaquín Gómez. Entre unos y otros, la principal dificultad radica en cómo llegar a un modelo de justicia transicional que pueda permitirles en algún momento salir de la guerra.

Por lo pronto, abundan más las especulaciones que los hechos, así como la expectativa de que el presidente Santos siga haciendo anuncios. A través de su programa radial En línea con el presidente, el jefe de Estado admitió que todas las guerras terminan en un acuerdo y que por eso se le quiere poner fin al conflicto colombiano a través de un diálogo, sin repetir los errores del pasado. Es decir, un escenario lo menos parecido posible al Caguán, aunque muchos de los protagonistas del Estado y las Farc sean los mismos.

Mientras tanto, de las Farc se conoció ayer un supuesto video en el cual un aparente grupo de guerrilleros canta un rap sobre los diálogos de paz.

En criterio del experto en seguridad y exasesor presidencial Armando Borrero, de entrada es importante tener en cuenta varios temas. Si la guerrilla llega a pedir que la exsenadora Piedad Córdoba participe del proceso, existe una oportunidad y un riesgo. Lo primero, que puede ayudar mucho, y lo segundo, que en un escenario donde se requiere la máxima discreción, su protagonismo podría ser inconveniente. “Ella podría ayudar mucho, pero si mete la pata, con toda seguridad va a meter el proceso en un lío”.

Sobre el cese al fuego, sostiene que la única manera de que pueda funcionar es con unos acuerdos de ubicación territorial de la guerrilla, de tal forma que se puedan verificar sus movimientos en caso de cualquier incidente. De lo contrario, es volver a la misma receta de negociar en medio de la guerra, que ha significado demasiados fracasos. Lo importante, como lo resaltó el exministro Antonio Navarro, es que por ahora cada parte escoja sus negociadores y que la mesa de negociación arranque cuanto antes.

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ELESPECTADOR.COM