Bogotá. La senadora Piedad Córdoba, quien promueve una negociación del paz entre el gobierno de Colombia y las FARC, fue destituida e inhabilitada por 18 años para ejercer cargos públicos por haber promocionado y colaborado con los rebeldes, informó este lunes la Procuraduría General.

La decisión afecta a la legisladora del Partido Liberal, a quien las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) le entregaron en los últimos años varios de los rehenes secuestrados por el grupo rebelde, considerado como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea.

El procurador general, Alejandro Ordóñez, dijo que la investigación contra la senadora se originó en los archivos encontrados en los computadores del comandante de las FARC, Raúl Reyes, muerto en marzo de 2008 en un bombardeo de militares colombianos en una zona selvática de Ecuador.

"En ellos se logró establecer que el cruce de documentos entre el grupo guerrillero y la senadora en los que se identificó con los alias de Teodora, Teodora de Bolívar, La Negra y La Negrita, la parlamentaria se extralimitó en sus funciones así como en la autorización dada por el Gobierno para gestionar el intercambio humanitario", reveló el procurador.

"El Ministerio Público estableció con certeza que la senadora emitió consejos al grupo de las FARC relacionados con no enviar vídeos de personas secuestradas por el grupo insurgente a cambio de grabaciones de voz de los mismos, con el fin de adoptar una mejor estrategia en la búsqueda de sus objetivos", precisó.

La procuraduría, el organismo que se encarga de vigilar el comportamiento de los funcionarios públicos, aseguró que en la investigación constató que Córdoba instruyó y solicitó a las FARC que suministraran pruebas de vida de los secuestrados con el fin de favorecer a gobiernos de otros países.

Además, de acuerdo con el procurador, realizó declaraciones en diferentes actos públicos en los que ejerció actos de promoción con el fin de favorecer los intereses del grupo subversivo.

De inmediato, no se conoció ninguna reacción de la dirigente política que en el pasado negó nexos con la guerrilla y que asegura que su único interés en aportar a la paz del país para detener el conflicto interno de más de cuatro décadas que cobra miles de vidas.

Pero el abogado de la senadora, Ciro Quiroz, anunció que impugnará la decisión del procurador Ordóñez.