"Lo que supimos es que el balance que fue divulgado la semana pasada ya fue auditado. Y creo que no hay ningún dato que pueda ser puesto en duda", aseguró el relator de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Congreso, el diputado del PT, Luiz Sergio.

Rio de Janeiro. La Comisión Parlamentaria del Congreso brasileño, encargada de investigar los desvíos de dinero de la petrolera estatal Petrobras, rechazó hoy realizar una nueva auditoría propia sobre las cifras aportadas la semana pasada por la dirección de la empresa.

"Lo que supimos es que el balance que fue divulgado la semana pasada ya fue auditado. Y creo que no hay ningún dato que pueda ser puesto en duda", aseguró hoy ante la prensa el relator de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Congreso, el diputado del gubernamental Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Sergio.

La semana pasada, la directiva de Petrobras divulgó el resultado financiero de 2014, en el que la estatal registró unas pérdidas por 21.587 millones de reales (unos US$7.200 millones), su peor resultado desde 1991, y reveló que las colosales corruptelas que se investigan en los tribunales le costaron al menos 6.200 millones de reales (unos US$2.066 millones) desde 2004.

Los resultados, que llegaron con meses de atraso, fueron autidatos por dos compañías internacionales especializadas, algo que los miembros de la comisión parlamentaria creen que merece ser respetado.

Miembros de la comisión hicieron hoy una "visita técnica" a la sede de la empresa, en Río de Janeiro, para conocer mejor los detalles del balance y para escuchar explicaciones sobre cómo la compañía realiza sus licitaciones y toma sus decisiones.

También se reunieron con miembros del Consejo Directivo de la empresa y salieron de la empresa con diferentes documentos solicitados.

Desde al año pasado, la policía y la Fiscalía brasileña iniciaron la Operación Lava Jato, para investigar la red que amañaba los contratos de la empresa con numerosas constructoras; elevaba artificialmente el valor de los mismos y distribuía la diferencia en sobornos pagados a altos funcionarios de la estatal y a decenas de políticos que facilitaban los negocios ilegales.

A lo largo de las investigaciones, han sido arrestados cinco exdirectivos de la empresa y una decena de ejecutivos de importantes constructoras, mientras que una cincuentena de políticos, en su mayoría de la coalición que apoya a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, están siendo investigados.