Río de Janeiro. Brasil está cerca de crear una Comisión de la Verdad para investigar abusos durante la dictadura militar entre 1965 y 1985, lo que acabaría con un tabú de 26 años sobre ese período, pero no cumpliría con llamados a que los responsables enfrenten a la justicia.

Un proyecto de ley para crear la comisión, basado en parte en la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de la Sudáfrica post apartheid, ha ganado el apoyo de las aún influyentes fuerzas armadas y suficiente respaldo del Congreso como para que la presidenta Dilma Rousseff lo firme en las próximas semanas, afirman funcionarios del gobierno.

Rousseff, una ex guerrillera de izquierda que fue torturada con golpizas y aplicación de electricidad a comienzos de la década de 1970, hizo de la creación de la entidad una de las prioridades de su primer año de mandato, que hasta el momento se ha visto plagado por escándalos de corrupción y escasos avances en reformas.

Sin embargo, Rousseff ha tenido que negociar delicadamente entre antiguas exigencias del ala izquierdista de su Partido de los Trabajadores (PT) para enfrentar los abusos con el rechazo de los militares ante cualquier cosa que huela a "venganza".

Como resultado, el nuevo órgano será un paso tímido en comparación con vecinos regionales como Argentina y Chile, donde altos jefes militares retirados han sido juzgados y encarcelados.

Cerca de 500 brasileños fueron asesinados o "desaparecidos" durante la dictadura brasileña, muchos menos que en Argentina o Chile, una diferencia que ha contribuido a la renuencia del gigante sudamericano a escarbar en su pasado.

Amnistía. La largamente mantenida oposición de los militares brasileños a la creación de la comisión se ha mitigado desde el año pasado, cuando la Corte Suprema mantuvo la interpretación de la Ley de Amnistía de 1979 que protege de enfrentar juicios a sospechosos de haber sido torturadores.

Nadie ha sido sentenciado jamás por crímenes cometidos durante la dictadura en Brasil.

La comisión no apunta a adjudicar culpas, sino a "rescatar memorias" y dar a los brasileños la primera historia abarcadora de abusos cometidos durante el período, sostienen funcionarios.

"En estos momentos, lo más importante es la memoria", dijo José Genoino, asesor especial del ministerio de Defensa.

"Esto es más radical que condenar a alguien. Después de que tengamos memoria y verdad, podría haber otras cuestiones", añadió.

Según el borrador del proyecto de ley, la comisión trabajará durante dos años y estará compuesta de siete miembros a ser elegidos por Rousseff.

La entidad tendrá poder para llamar a testigos para investigar abusos cometidos tanto por los militares como por las guerrillas. Sin embargo, no tendrá poder para juzgar o condenar a sospechosos, en línea con la Ley de Amnistía.