Ciudad de México. México enfrenta una grave crisis de derechos humanos, caracterizada por una situación de extrema inseguridad y violencia, afirmó hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El efecto de esa violencia y las violaciones a los derechos fundamentales "es especialmente grave y desproporcionada sobre personas en situación de pobreza", señaló el organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) en un comunicado tras concluir su visita de trabajo a México.

Otros sectores del país afectados por esa violencia y "niveles críticos de impunidad" son los migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos, mujeres, niños, niñas y adolescentes, defensores de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas y personas con preferencias sexuales diferentes, indicó la CIDH.

Una delegación de la CIDH comenzó desde el pasado lunes una visita de trabajo a los estados de Coahuila (norte), Guerrero (sur), Nuevo León (norte), Tabasco (sureste), Veracruz (este) y Ciudad de México,  con el fin de observar y dialogar con personas y familiares víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Los integrantes de esa delegación, encabezada por su presidenta Rose-Marie Belle Antoine, dialogaron con los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace más de un año en el municipio de Iguala, Guerrero, así como con legisladores, representantes de organizaciones civiles y autoridades estatales y municipales.

La CIDH alertó que la violencia contra familiares de víctimas, defensores de derechos humanos y contra periodistas "es ejercida con el objetivo de silenciar las denuncias y reclamo de verdad y justicia, y perpetuar la impunidad para las graves violaciones a los derechos humanos".

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (ministerio del interior), Roberto Campa Cifrián, dijo que el informe de la CIDH es parcial y no refleja la realidad de los derechos humanos en el país.

El funcionario consideró que el reporte sólo se basó en cinco de los 31 estados y el Distrito Federal que conforman el país, y dijo que no es posible que en sólo cinco días se pueda saber todo lo que hace el gobierno en defensa de los derechos humanos