Han transcurrido más de 26 años después de la intervención militar estadounidense "Operación causa justa", la cual incluyó bombardeos en el populoso barrio de El Chorrillo en la capital panameña, donde operaba el cuartel de las antiguas Fuerzas de Defensa de Panamá.

Panamá. Una comisión independiente instalada el pasado 20 de julio por el gobierno panameño realiza investigaciones para saber cuántas personas, quiénes y en qué circunstancias murieron durante la invasión estadounidense a Panamá del 20 de diciembre de 1989.

Han transcurrido más de 26 años después de la intervención militar estadounidense "Operación causa justa", la cual incluyó bombardeos en el populoso barrio de El Chorrillo en la capital panameña, donde operaba el cuartel de las antiguas Fuerzas de Defensa de Panamá, sin embargo se desconoce con certeza cuántos muertos causó dicha intervención.

Algunas organizaciones calificaron entonces la operación como un abuso de poder y una flagrante violación a los derechos humanos, en particular por la muerte de civiles que causaron los incendios por los bombardeos, ya que en el lugar había muchas casas de madera.  

Con la invasión, y cuya conveniencia de hacerla o no dividió también a los panameños, fue depuesto y llevado a Estados Unidos el entonces "hombre fuerte de Panamá", Manuel Antonio Noriega, e inició un proceso de transición hacia la democracia tras el período en que estuvieron en el poder los militares en el país de América Central, de 1968 a 1989.

Junto a las dudas sobre si la invasión fue en realidad una acción necesaria o un abuso, quedaron las lagunas históricas en cuanto a lo ocurrido y a la fecha quedan "heridas abiertas" por la falta de claridad y conclusiones sobre este incidente, según el gobierno panameño, familiares de desaparecidos, historiadores y analistas.

Tras asistir el 20 de diciembre de 2014 a los actos conmemorativos en el Cementerio de Jardín de Paz en Ciudad de Panamá por los 25 años de a invasión, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, se comprometió a crear una comisión que ayude a esclarecer los hechos, tarea que delegó a la vicepresidenta y canciller panameña, Isabel de Saint Malo.  

En Jardín de Paz está la fosa común donde descansan los restos de personas que perdieron la vida durante la invasión de 1989.

La subdirectora general de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, Nadia Montenegro, dijo a Xinhua que el anuncio sobre la creación de la comisión se conoció en momentos en que hay un reclamo para conocer la identidad de las personas que murieron durante los hechos del 20 de diciembre y días subsecuentes.

Agregó que existe el interés de muchos grupos e historiadores de tener una comisión que pueda revisar de manera íntegra lo sucedido y que haga recomendaciones sobre el manejo del tema a nivel académico, lo cual no se ha hecho debidamente.

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Pero además de saber cuántas personas murieron, quiénes fueron y en qué circunstancias se encontraban durante la invasión, también se quiere conocer cuántos panameños quedaron con alguna discapacidad como resultado de lo ocurrido.

Entre los objetivos de la comisión, cuyo trabajo es "ad honorem" (sin percibir alguna retribución económica), el gobierno destacó que está también el de una propuesta para declarar un día de duelo nacional por lo ocurrido en la fecha señalada y analizar la instalación de monumentos conmemorativos y de un museo de la memoria.

Para la subdirectora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones sorprende que sean muchos los miembros de las nuevas generaciones que desconocen los hechos.

La presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de los Caídos del 20 de diciembre, Trinidad Ayola, destacó que Varela es el primer presidente que visita el cementerio donde se rinde homenaje a las víctimas y cuya apertura de una fosa común en mayo de 1990 se financió con dinero recolectado durante las marchas que realizan cada año.  

Precisó que al mandatario se le pidió la creación de la comisión con el propósito de investigar en realidad en dónde están las fosas comunes y en donde más enterraron a los muertos de la invasión, ya que existen versiones de cuerpos llevados a Honduras y otros lugares de la capital panameña, además de El Chorrillo.

Se consideró además necesario que Estados Unidos diga qué hizo con esos cuerpos, para tranquilidad de los familiares de éstas personas.

Ayola, quien perdió durante la invasión a su esposo, reconoció que lo sucedido ese 20 de diciembre de 1989 dejó abiertas profundas heridas que duelen y de las que ella, su hija, quien era una niña cuando ocurrió la invasión y perdió a su padre, y otras personas no se han recuperado.

Recordó que hubo personas que por la intervención militar perdieron su trabajo y su negocio.

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"Nuestro interés es que quienes pidieron la invasión también puedan arrepentirse y entender que esa no fue la mejor salida para el conflicto que había en ese momento", señaló Ayola, quien al igual que esposo formaba parte de las Fuerzas de Defensa.

Montenegro admitió que el trabajo de la comisión es complejo, debido a los años que han pasado y que los comisionados dependerán mucho del suministro de datos por parte de los familiares, además de la información que señaló ha dicho el mismo presidente de la Comisión del 20 de diciembre, Juan Planells, puedan dar otras personas.  

Por su parte, Ayola subrayó que en la comisión se habla de reparación, "pero no sabemos de parte que quién vendrá, porque hay que entender que al faltar un miembro de la familia, en mi caso mi esposo, y que era un pilar, hemos tenido las viudas que enfrentar muchas carencias, y muchas veces solas"

Señaló que hubo personas jóvenes que a consecuencia de la invasión no pudieron terminar su etapa escolar porque tuvieron que ponerse a trabajar para ayudar a su familia.

Apuntó que existe un organismo que habla de 500 víctimas de la invasión, pero que son 500 probablemente las personas identificadas, y que están también las personas que no se ha podido identificar o que quedaron como desaparecidas y que no se sabe cuántas fueron.

Miguel Antonio Bernal, catedrático y analista, consideró que la creación de una comisión internacional era más pertinente, debido a que con la invasión se violaron convenios internacionales y derechos humanos.

Opinó que poco podrá aportarle al país la comisión sin la participación de todos los gobiernos que tuvieron que ver, por acción u omisión, con la invasión y sus consecuencias.

Bernal cuestionó además la ausencia en la comisión de personas de organizaciones dedicadas a la protección de los derechos humanos o que hayan sido miembros de comités de familiares de los muertos o desaparecidos.