La Ley de Seguridad Interior, aprobada la semana pasada por el Congreso de la Unión, consolida un modelo de seguridad que no ha mostrado los resultados esperados, exhibió la Oficina en México del alto comisionado de la ONU.
Ciudad de México. La Ley de Seguridad Interior, aprobada la semana pasada por el Congreso de la Unión, consolida un modelo de seguridad que no ha mostrado los resultados esperados, exhibió la Oficina en México del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
En caso de que el proyecto de ley fuese promulgado por el Ejecutivo federal, esta oficina de las Naciones Unidas alentó a los actores legitimados a interponer acciones de control de la constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a efecto de que la ley sea sometida a revisión judicial a la luz de lo que consagra la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano.
En un pronunciamiento, el brazo de la ONU para los derechos humanos indicó que “el proyecto de ley presenta riesgos al disfrute efectivo de los derechos humanos; no brinda certeza al emplear conceptos imprecisos sobre su marco de operación; genera confusión entre las nociones de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública, y consolida un modelo de seguridad que no ha dado los resultados esperados y ha causado un gran sufrimiento a las personas en el país”, considera esta oficina de la ONU.
Sobre los cambios a nueve de los 34 artículos del proyecto original, la ONU-DH considera que éstos atemperan, pero no eliminan los diversos motivos de preocupación.
Monitoreo Internacional. Sobre este proyecto, que fue aprobado por la mayoría de ambas cámaras del Congreso de la Unión, una decena de organizaciones sociales internacionales, como German Network for Human Rights in Mexico, Amnistía Internacional y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), consideran que ello implicó un retroceso para una nación que ya se enfrenta a niveles de violencia sin precedentes.
En este marco anunciaron la creación del Observatorio Internacional —una coalición permanente de organizaciones internacionales de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica—, el cual servirá para monitorear la situación en México.
“Bajo la vaga e indeterminada frase ‘seguridad interior’, la ley no hace más que esconder un esfuerzo concertado y peligroso de mantener a las fuerzas armadas en labores que deben corresponder a las policías”, opinó el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, a través de una carta enviada al presidente de México, Enrique Peña Nieto.
La ONU-DH y Amnistía Internacional coincidieron en que la evidencia demuestra que esta estrategia ha fallado en brindar seguridad durante más de una década, desde que se desplegaron militares en las calles de México. Ambos organismos solicitan al mandatario mexicano vetar la Ley de Seguridad Interior.
Salil Shetty recordó al presidente Peña Nieto de la advertencia sobre esta estrategia que le hizo personalmente hace casi cuatro años cuando se conocieron en la Ciudad de México, después de cerrar su primer año como presidente.
Amnistía indicó que el número de militares desplegados en tareas de seguridad pública ha aumentado de manera significativa durante el actual periodo sin que haya contribuido a una disminución del delito en el país y que el 2017 terminará como el año más violento del sexenio, pues se vislumbra un registro de la tasa de homicidio más alta en por lo menos una década.
